La portavoz de Sanidad del GPP, María Remedio YáñezLes Corts Valencianes han aprobado, en la comisión de Sanidad, una iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se busca eliminar el agravio comparativo en las profesiones sanitarias.
La portavoz de Sanidad del GPP, María Remedio Yáñez, ha explicado que "determinadas categorías profesionales sanitarias se encuentran en una situación de incertidumbre y enorme inseguridad jurídica, fundamentalmente los profesionales de enfermería". La diputada ha señalado que esta inseguridad jurídica se debe a que "las funciones que actualmente desempeñan para atender las necesidades de salud de la sociedad distan mucho de las contempladas en la normativa todavía vigente", que data de 1973.
"Desde el Grupo Popular creemos que es importante y necesario que se modifique la Orden 26 de abril de 1973, al considerar que ha quedado obsoleta y que afecta de forma importante a Matronas, Fisioterapeutas y Terapeutas ocupacionales y de forma muy significativa al colectivo de enfermería", ha señalado Yáñez. La iniciativa ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios tras llegar a un acuerdo a través de una enmienda transaccional.
La portavoz de Sanidad se ha centrado especialmente en el colectivo de enfermería, que aglutina a 25.000 profesionales en la sanidad valenciana. Así, ha señalado que algunas de las funciones que siguen en vigor de las enfermeras "son ejercer las funciones de auxiliar del médico, el control de archivos y ficheros del servicio, la conservación y limpieza del material sanitario y aparatos clínicos, cuidar de la preparación de la habitación y hacer las camas con ayuda de las Auxiliares de Clínica, la preparación adecuado del cuarto de trabajo, custodiar las historias clínicas y orientar las actividades del personal de limpieza".
"Como podrá comprobarse, unas funciones nada acorde con nuestro sistema valenciano de salud y con las competencias que desempeñan en la actualidad las enfermeras y enfermeros en los centros sanitarios, y sobre todo de las necesidades de salud de los ciudadanos, y para lo que las enfermeras se han acreditado adquiriendo conocimientos y habilidades acorde con la experiencia clínica y la evidencia científica", ha manifestado.
Yáñez ha indicado que la modificación de la Orden y su adaptación a la realidad actual "no supone coste económico alguno", al tiempo que ha subrayado que "seremos una Comunidad pionera si lo llevamos a cabo". Por ello, se solicita al Consell que regule las disposiciones relativas a las funciones de las categorías profesionales sanitarias, y al Gobierno de España a que impulse la consecución de un acuerdo. "Buscamos, en definitiva, dotar de seguridad jurídica a estos profesionales, ya que de esta forma se garantizaría mejor el derecho de asistencia al paciente al conocer el profesional perfectamente el alcance de sus competencias y su autonomía".
