El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), ante la biznieta del pintor JoaquÃn Sorolla, Blanca Pons-Sorolla (d), tras firmar con el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, el acuerdo. EFE- Zipi AragonEl pleno de Les Corts Valencianes ha convalidado el decreto ley que modifica la ley de Patrimonio cultural valenciano para facilitar la creación de la sede en València de The Hispanic Society of America y la exposición de obras de Sorolla.
El decreto ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSPV y CompromÃs, aunque se tramitará ahora como proyecto de ley, al apoyarlo socialistas, CompromÃs y Vox, lo que permitirá a los grupos plantear mejoras durante el trámite parlamentario.
Durante el debate del decreto este martes, el PSPV y CompromÃs criticaron la "urgencia" del Consell con este decreto, pensado a su juicio "desde el negocio", mientras el PP y Vox lo consideraron una apuesta por la cultura.
La consellera de Cultura, MarÃa del Carmen OrtÃ, defendió la "extraordinaria urgencia" de la norma gracias a la cual, dijo, "la Generalitat se dota de un instrumento moderno, ágil y eficaz que protege el interés cultural y asegura las condiciones para gestionar colecciones de valor excepcional".
El decreto ley facilita a la Generalitat a arrendar colecciones de bienes muebles con valores culturales, con el que se da cobertura jurÃdica al acuerdo para traer a Valencia 220 obras de Sorolla y establecer en esta ciudad la sede europea de la Hispanic Society .
También ha salido adelante, con los votos del PP y Vox y en contra de CompromÃs y el PSPV, la modificación de la ley de la Renta valenciana de inclusión, que incluye novedades como que su percepción sea compatible con los ingresos derivados del trabajo y amplÃa el grupo de beneficiarios para incluir a jóvenes, mayores de 65 años y personas que puedan compatibilizar esta renta con otros subsidios.
Durante el debate en comisión, el PP y Vox acordaron elevar de 12 a 15 meses el periodo mÃnimo de empadronamiento para poder solicitar esta renta; limitar su percepción a seis años; eliminar las referencias a la violencia de género, y que para mantenerla habrá que renunciar a "cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres".
