Un policÃa local durante un control del uso de la mascarilla. EFELos partidos del Botà nic, PP y Ciudadanos han confirmado este martes en Les Corts su apoyo a la validación del decreto ley en el que se contempla el régimen sancionador especÃfico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención frente a la covid-19.
El contenido del decreto ha sido presentado en el hemiciclo por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien ha insistido en que esta norma "no tiene afán recaudatorio, sino disuasorio, porque la nueva normalidad no implica bajar la guardia ni consentir comportamientos insolidarios", y ha reiterado que "todo el dinero recaudado será destinado a la investigación contra la covid-19".
"El decreto favorecerá el cumplimiento de las medidas sanitarias que nos protegen a todos. Se centraliza la imposición de sanciones sin perjuicio de las competencias de otras administraciones. Nos jugamos mucho, la salud y la economÃa, actuaremos donde haga falta y con todos nuestros recursos. Para el cumplimento de lo dispuesto en este decreto se cuenta con la colaboración de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según se ha acordado con la Delegación del Gobierno", ha asegurado.
Asimismo, ha apuntado que "los destinatarios de las sanciones podrán ser tanto personas fÃsicas como jurÃdicas, y en el caso de los menores los responsables serán los padres, progenitores o tutores legales".
Aunque el PP ha anunciado su voto a favor, el diputado José CÃscar ha expresado varias dudas sobre la legalidad de esta normativa y la capacidad sancionadora de la Generalitat por el uso indebido de la mascarilla, que según ha apuntado debe corresponder a los ayuntamientos.
"Con ese lÃo competencial el aluvión de recursos está servido. ¿Tan difÃcil es hablar entre ustedes y coordinarse? El camarote de los hermanos Marx es un espacio de orden comparado con este Consell. DÃas después de la aprobación de este decreto no se ha remitido ninguna indicación a los ayuntamientos, ni se ha dotado económicamente, por lo que su eficiencia será meramente cosmética. No hay funcionarios suficientes para la tramitación de las sanciones", ha asegurado.
Igualmente, el diputado de Ciudadanos Vicente Fernández ha explicado que su voto a favor se justifica en la "responsabilidad", ya que "mejor es tener esto que nada, aunque tengamos dudas sobre su legalidad, como Vox", y ha pedido que se tramite como proyecto de ley "para poder corregirlo y enmendarlo".
José MarÃa Llanos (Vox) ha lamentado que este decreto se inmiscuya "en algo que es competencia exclusiva del Estado, legislando sobre un derecho fundamental como el de reunión. Eso provoca desigualdad entre los españoles", y ha agregado que la norma es, a su juicio, "inconstitucional, confiscatoria, antidemocrática y ofensiva".
Por el contrario, la diputada socialista Rosa Peris ha considerado que el decreto cumple con los principios de potestad sancionadora y se fundamenta en la defensa del interés general con el fin último de la protección de la salud.
También Beatriu Gascó (Podem) y Nathalie Torres (CompromÃs) han considerado que la norma servirá para prevenir situaciones de riesgo y a prevenir "antes que curar".
El decreto, que está en vigor desde el pasado 26 de julio, tendrá efectos hasta que el Gobierno central declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.
El texto recoge que las infracciones leves (sancionadas con apercibimiento o multa de 60 hasta 600 euros) prescribirán en el plazo de seis meses; las graves (con multa de 601 a 30.000 euros) en dos años, y las muy graves (de 30.001 a 60.000 euros) en tres años.
El procedimiento sancionador deberá ser resuelto y notificarse la resolución al interesado en el plazo máximo de seis meses, y en la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la negligencia del infractor; la naturaleza y cuantÃa de los perjuicios ocasionados; la existencia de reiteración y reincidencia, y la conducta del infractor.
Cuando la sanción propuesta consista en una multa, el abono del importe de la misma antes de dictarse resolución en el expediente sancionador supondrá el reconocimiento de la responsabilidad en la comisión de los hechos, reduciéndose el importe de la sanción en un 40 % de su cuantÃa.
La competencia para incoar, instruir y resolver los expedientes sancionadores corresponderá a la Administración de la Generalitat: la secretarÃa autonómica de Seguridad será la competente en infracciones leves y graves, y la Conselleria de Justicia en las muy graves.
El decreto recoge que prescribirán en el plazo de un año las sanciones impuestas por infracciones leves; a los dos años las impuestas por infracciones graves, y a los tres años las impuestas por infracciones muy graves.
En el caso de sanciones graves y muy graves, una vez iniciado el expediente sancionador se podrán adoptar medidas provisionales, como la suspensión de la licencia o autorización de la actividad; suspensión o prohibición del espectáculo público, actividad recreativa o sociocultural, o clausura del establecimiento.
