Guillermo Sampedro. Desde esta semana, somos un poco menos libres. Tampoco es que antes lo fuéramos mucho, pero, eso sÃ, ahora mucho menos, tras la entrada en vigor el pasado miércoles de la ley más represiva desde 1978, la polémica Ley Mordaza o Ley de Seguridad Ciudadana. Una nueva legislación que afecta gravemente (y limita) derechos fundamentales y que, además, permite que lo que antes era controlado por los juzgados, ahora pase a ser controlado por la Administración. Unos tramos de multas, que van desde los 100 euros hasta los 600.000 euros, sin tribunales de por medio, y con el único criterio del consejo del policÃa de turno. Es decir, mano dura con palos económicos, que duelen más que los de la porra, y el miedo como arma polÃtica.
Estos intentos de amordazar la protesta son una vuelta de tuerca más a la represión y al acoso a movimientos sociales, polÃticos y sindicales incómodos y molestos que luchan por los derechos de las personas. Movimientos como el 15M, la PAH, sindicatos de clase, partidos de izquierda o simplemente cualquier ciudadano/a que reivindique algo estarán, todavÃa más, en el punto de mira.
A partir de ahora, se penaliza (aún más) la protesta, tanto participar como difundirla. Un tuit te condena, igual que un retuit. Todo ello se completa con la prohibición de grabar policÃas, participar en frenar un desahucio, ocupar espacios públicos, hacer deporte en la calle, pasando por la creación de listas negras y la más pura arbitrariedad de una sanción y de su cuantÃa sin pasar por el filtro de un juez. También serán sancionadas las protestas que hasta ahora venÃan haciendo ONG como Greenpeace, la resistencia pacÃfica, las sentadas, o manifestarse ante un parlamento. La policÃa y la administración ganan fuerza y los tribunales la pierden.
En resumen, que tu bolsillo tiemble si un policÃa te dice que estás perturbando la seguridad ciudadana.
