Reunión de alcaldes en Mislata. EPDALos alcaldes de l'Horta Sud afectados por la
La declaración es la siguiente:
Los alcaldes y alcaldesas de los municipios abajo firmantes aspiramos a encabezar un proceso de democratización y regularización de las competencias y servicios de titularidad pública del área metropolitana y, en concreto, del transporte urbano valenciano desde los servicios de movilidad ya existentes y en funcionamiento.
El anterior gobierno del Partido Popular desmanteló la Agencia Valenciana de Movilidad, un ente dependiente de la actual
Consellería de Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, encargada de garantizar el transporte y velar por los sistemas de
movilidad, entendiéndolos como servicios públicos básicos para la ciudadanía.
Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia gobernado por Rita Barberá lanzó una ofensiva partidista y territorial durante la última
legislatura, exigiendo cantidades económicas astronómicas por mantener unos servicios públicos que los ciudadanos ya pagaban con sus billetes de transporte.
Nunca llegaron a justificar el coste real de los servicios, y pasaron por alto el interés y objeto de servicio público. El anterior gobierno del Partido Popular también actuó con ceguera política al impedir que los nuevos sistemas de movilidad sostenible
como el alquiler de bicicletas fueran compatibles entre la capital y los pueblos limítrofes. Convirtieron el transporte en un arma política para separar y dividir en lugar de unir a las personas.
Finalmente, abocaron a la supresión de servicios o incluso a la desaparición de líneas de autobús metropolitano en el año 2012,
afectando al transporte de municipios como Alboraia, Burjassot, Mislata, Moncada, Paterna, Vinalesa y Xirivella. También suprimieron el servicio a algunos barrios de la propia ciudad de Valencia, afectando con su decisión a los recursos de movilidad de más de 300.000 habitantes de Valencia y su área Metropolitana.
Por todo ello, entendemos que ahora es el momento para revertir esta situación, empezando por el propio Ayuntamiento de Valencia; más si cabe cuando el actual alcalde, Joan Ribó, argumentó antes de tomar posesión de la alcaldía que estos servicios no debían ser suprimidos, y que la modificación del trayecto de las líneas no era más que cuestión de voluntad política.
Por eso, creemos que el alcalde de Valencia debe pasar de las palabras a los hechos, y poner en marcha una nueva política de
transportes que priorice el bienestar y la igualdad en materia de movilidad por encima de los intereses políticos, apostando por un
transporte sostenible.
Consideramos que la devolución de las líneas de autobús eliminadas se debe afrontar de forma inmediata ya que solo depende de la
voluntad política del alcalde de Valencia y no de ningún programa ni subvención. La restitución de los autobuses depende de la voluntad de cambiar la política del Partido Popular con los municipios de su entorno.
Debemos colaborar todos en conseguir una reducción de las emisiones de CO2 y al mismo tiempo facilitar a los ciudadanos un
transporte público de calidad que permita prescindir de transporte privado para desplazarse entre municipios del área metropolitana.
Exigimos a la nueva dirección política de la EMT, y al gobierno municipal de Valencia la no-discriminación a ningún municipio para que sus ciudadanos se desplacen hasta la capital. Así mismo, pretendemos que la nueva dirección política de la Agencia
Valenciana de Movilidad mejore la intercomunicación entre nuestros municipios mediante sistemas de transporte público sostenibles y eficientes económicamente.
De acuerdo con estas premisas, nos dirigimos a la Generalitat Valenciana para colaborar en el cumplimiento en estas nuevas
necesidades de aspectos básicos e indispensables de transporte urbano, así como garantizar el acceso a todos los sistemas de
transporte público del Área Metropolitana de Valencia.
Para ello, pediremos la implicación de todas las administraciones públicas en defensa del contrato programa para adoptar las nuevas necesidades de la ciudadanía y sus municipios del área metropolitana con objetivos sociales, en aras de construir sistemas de transporte públicos sostenibles, sociales, accesibles para toda la ciudadanía y no discriminatorios.
