Imagen de archivo, apartamento de uso turístico. -EPDALa presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de València, Silvia Blasco, considera que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella "podría suponer la restricción de más de un millón de estancias turísticas al año".
A su juicio, la sentencia "ha creado incertidumbre y preocupación en el sector" pues "anula las condiciones adicionales que la concejalía de Urbanismo quería imponer a los propietarios y empresas que operan en Ciutat Vella y limita a una actividad terciaria la compatibilidad urbanística que el Ayuntamiento exige desde 2018 en aplicación de la Ley de Turismo que la Generalitat tramitó ese mismo año".
Blasco alerta del "riesgo" que supondría para la ciudad la anulación de unas 16.500 plazas de alojamiento de las viviendas turísticas legales "que operan con licencia antes de 2018", y ha calculado, "aplicando los datos que el propio ayuntamiento atribuye al sector, que en principio supondría la restricción de más de un millón de estancias turísticas al año".
Esto se traduciría en 150 millones de pérdidas y unos 1.500 despidos para el sector servicios en general, y 50 millones de pérdidas y 500 despidos adicionales para el sector del alojamiento vacacional, siempre según sus estimaciones.
Por esta razón, la Asociación de Viviendas Turísticas legales, adherida además a la patronal autonómica (APTUR CV) y a la Federación Nacional (FEVITUR), va a pedir a Turisme de la Generalitat y al Ayuntamiento de València que "garanticen la seguridad jurídica de los más de 5.500 viviendas turísticas legales inscritas en el registro de Turisme que operan en València antes de la exigencia de la compatibilidad urbanística municipal, tanto en el casco antiguo como en el resto de la ciudad".
La presidenta de VIUTUR también ha adelantado que solicitarán al TSJCV una aclaración, ya que solo menciona como terciaria la estancia vacacional, sin contemplar otros muchos usos de las viviendas turísticas (profesionales, nómadas digitales de larga estancia, etcétera).
Blasco ha alertado del "conflicto judicial" que podría crear la reciente sentencia, ya que "anula los decretos de cierre que recibieron particulares o empresas gestoras de Ciutat Vella al amparo del PEP, y abre la vía de reclamaciones por daños y perjuicios, tanto a las viviendas turísticas del centro histórico como a cualquier otra que no tenga garantizada su actividad a partir de ahora, a pesar de estar legalizada".
