Fachada del ayuntamiento de Sagunt. EPDALos Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana vuelven a ser morosos con sus proveedores. Las vacaciones de agosto de interventores y secretarios, la burocracia interna y la falta de respeto a la ley, son las principales causas en retrasos que llegan hasta los 120 días.
La Ley de Morosidad marca la obligación de pago en 30 días. Sin embargo, muchos Ayuntamiento se la saltan. Aunque la ley obliga también a pagar intereses de demora, ninguna administración lo cumple por 'motu propio', a sabiendas de que muy pocos proveedores se atreven a solicitarlo, para evitar ser castigados a posteriori.
El mes de agosto es clave para aumentar el retraso en el pago. Supone un cuello de botella, al cogerse las vacaciones la mayoría de secretarios e interventores. Las administraciones públicas se paralizan, al no haber sustitutos. Este hecho hace que la bola de retrasos se agrande a partir de ese mes, habiendo Ayuntamientos en la Comunitat Valenciana que arrastran hasta 120 días los pagos.
En otros casos, la culpa la tiene la burocracia y de nada sirve el registro electrónico de facturas, el FACE, que obliga a las administraciones a pagar 30 días después de iniciado el proceso. El 'truco' de dichas administraciones radica en solicitar de nuevo su registro más tarde para volver a contar de cero. Una vez registrada en FACE intervienen varias personas del Consistorio, bien un concejal o alcalde más un técnico. Después el interventor tiene que aprobar la operación y el departamento de Contabilidad darle a la tecla de pago. Con esta 'burrocracia', prácticamente ninguna administración pública paga en tiempo y forma, conforme a lo que marca la ley. Y ninguna asume su responsabilidad en el retraso pagando los intereses de demora sin necesidad de que el proveedor afectado presente la reclamación correspondiente.
Entre los Ayuntamientos con mayor caos interno se encuentra el de Sagunt, en la provincia de Valencia. La parálisis es absoluta en la fórmula de contratación hasta el punto de que no hay folios para los funcionarios. En el caso de la publicidad institucional, cuando la derivan a empresas de publicidad, éstas no pagan a los medios de comunicación hasta que el Ayuntamiento, a su vez, les abonan, por lo que el proceso puede prolongarse hasta 6 meses.
Por lo tanto, fracaso estrepitoso de la Ley de Morosidad, dado que se incumple la obligación de pagar a 30 días.
