Analizando la realidad española, más allá de la machacona y demagógica crítica tradicional que el PP dedica al Gobierno de la Nación, se han puesto encima de la mesa dos problemas muy serios, ante los que la derecha española es incapaz de dar respuestas serias y que sirvan para una mejor convivencia.
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La primera reflexión tiene que ver con la situación, la función y la capacidad de gestión de los Ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales.
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Me parece absolutamente básico que se atreva la sociedad española a iniciar un estudio serio, civilizado, no demagógico sobre esas instituciones, que están acostumbradas a gastar desaforadamente con la excusa de la proximidad y que han mantenido y potenciado una brutal cultura del caciquismo más retrógrado. No se trata de que desaparezcan las Diputaciones.
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Se trata de que se reduzca su función a ayudar realmente a los pequeños Ayuntamientos en cuestiones técnicas y administrativas, lo que produciría una reducción sustancial de su personal y de sus liberados de toda clase y color.
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No tiene sentido que duplique funciones con las Comunidades Autónomas en cultura, educación, sanidad, carreteras, medio ambiente, servicios sociales y en tantas cosas más. Ni que los Presidentes de las Diputaciones sean vendedores mafiosos de favores a muchísimos Ayuntamientos de España o financien fiestas y actividades insensatas para su ego caciquil, o que todos los Partidos ("todos") tengan montones de personas liberadas, muchas de las cuales no pisan esa Institución.
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Todo eso serviría seguramente también para racionalizar la función de los Ayuntamientos, habituados a sacar dinero de todas partes para ejercer actividades o inversiones o subvenciones más allá de las reglas del juego democrático, saltándose a la torera todos los marcos constitucionales y jurídicos, con tal de potenciar el clientelismo más prehistórico y antimoderno.
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La segunda reflexión es muy seria y el PP la utiliza con toda la agres i v i d a d m e d i á tica que puede. Se trata de hacer posible que la izquierda abertzale participe de verdad en el marco constitucional, que se abra la puerta a la desaparición de la bárbara violencia que ha ejercido la banda terrorista.
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Y aquí, como en todas partes se ha hecho y se está haciendo, hay que abrir caminos. Hay que condenar los hechos delictivos que se hagan, pero en una sociedad democrática y constitucional las ideas no son delitos. Hay que respetar a las víctimas del terrorismo y a las víctimas del franquismo.
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