Los hosteleros valencianos no tiran la toalla. El presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, está dispuesto a llegar "hasta el final" en su defensa del sector. Por ese motivo, la asociación valenciana ha presentado hoy un escrito ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en el que señala que los artículos 45 y 51.2 de la Ley 1/2020, de 11 de junio, Reguladora del Juego y de la Prevención de la Ludopatía en la Comunidad Valenciana "conculca la normativa europea y constituye una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea".
En el escrito presentado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se señala que la Ley del Juego valenciana "conculca la Libertad de Establecimiento que garantiza la movilidad de las empresas en el mercado interior, (Artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), y la Libertad de Prestación de Servicios (Artículo 56). Además, añade, la normativa valenciana vulnera también determinados Artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Los hosteleros consideran que la ley valenciana no puede "congelar" durante 5 años la renovación de las licencias de las máquinas de tipo B instaladas en bares y restaurantes a expensas de que el Botànic elabore un "estudio que analice el impacto social y sobre la salud pública de las máquinas de juego en locales de hostelería". Fidel Molina considera que ese estudio debería haberse hecho "con anterioridad a la promulgación de la ley. No es de recibo que nos dejen sin los ingresos que generan estas máquinas para después estudiar si éstas tienen o no impacto sobre la salud pública. En este tiempo las vamos a tener apagadas, teniendo en cuenta que muchos bares subsisten hoy gracias a ellas".
Los hosteleros valencianos piden que la Unión Europea derogue el artículo 51 de la Ley del Juego que establece que cada máquina de tipo B instalada en un bar o restaurante "deberá contar con un sistema de activación-desactivación por control remoto del personal encargado del local, de manera que se evite el acceso al juego a las personas incursas en prohibiciones del juego. (…). Este sistema de activación-desactivación puede incluir un sistema de identificación fehaciente de la persona jugadora para evitar la práctica de juego a las personas que la tienen prohibida". Molina denuncia la discriminación que supone que las máquinas tipo B deban disponer de un mecanismo de estas características mientras que la ley permite a las entidades de juego público y semipúblico (SELAE Y ONCE), instalar sus terminales de juego en locales de hostelería sin ni siquiera autorización administrativa y sin ninguna otra limitación.
Molina recuerda que según el Informe Anual de Juego de la Comunidad Valenciana de 2018, tras más de 65.000 inspecciones llevadas a cabo por la Administración en locales de juego y hostelería, "no existe ni una sola acta de infracción por menores jugando en máquinas de tipo B en locales de hostelería". Por este motivo, Molina defiende que no existe un problema de menores que jueguen a las máquinas de tipo B en locales de hostelería. "A los menores no les llama la atención jugar en un bar", ha señalado.
Por último, el escrito presentado pide a los eurodiputados que "imaginen" que, "en medio de un local de hostelería, sin una ubicación concreta de un sistema informático que posibilita tal comprobación en cuanto a la identidad del usuario, y delante del resto de clientes de dicho local, el personal del bar deberá comprobar las circunstancias concreta del usuario (apto/prohibido) y se la comunicará de viva voz, activando o no la máquina en cada caso. Como podemos entender a simple vista, esta metodología, chocaría de manera frontal no solo con la normativa europea de Protección de Datos, sino con los parámetros de la más mínima prudencia y privacidad social exigida", concluye el informe.
