La Ciudad de la Justicia de València. EFE-Archivo
La jueza ha rechazado en cuatro ocasiones la puesta en libertad de Zaplana, enfermo de leucemia desde hace años e ingresado desde el 18 de diciembre en el Hospital La Fe de Valencia, adonde fue trasladado desde la cárcel de Picassent, en la que estaba internado desde el pasado 24 de mayo.
Según detallan en su escrito los jueces, las decisiones adoptadas por la jueza instructora relativas a la privación de libertad del expresident de la Generalitat y exministro han sido respaldadas por la FiscalÃa Anticorrupción y avaladas también por la Audiencia Provincial de Valencia.
En un comunicado remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la junta lamenta que "dicho acoso sin precedentes ha conllevado, además de la publicación de aspectos de la vida privada de la magistrada que pertenecen a su más estricta intimidad, amenazas más o menos veladas, descalificaciones e insultos de todo tipo".
"Actuaciones todas ellas inadmisibles que, además de exceder los lÃmites de la crÃtica razonable de las resoluciones judiciales, menosprecian la independencia judicial y sobre todo, desconocen el principio de igualdad ante la ley", añaden.
Los jueces hacen las consideraciones anteriores "aún siendo conscientes del papel fundamental de los medios de comunicación y de sus profesionales para la formación de una opinión pública debidamente informada, esencial en una sociedad democrática".
"Ante tales hechos, que traspasan lÃneas rojas nunca antes superadas, los jueces de instrucción de la ciudad de Valencia solo pedimos, en éste y en cualquier otro procedimiento, el debido respeto a la función jurisdiccional, lo que implica que se nos permita realizar nuestro trabajo libre y responsablemente", agrega la nota.
Sin perjuicio de ello, "serÃa conveniente que se suscitara una profunda reflexión sobre la necesidad de que estas cuestiones en lo sucesivo se analicen, debatan y resuelvan con todos los elementos de juicio en el foro adecuado que es el de los tribunales de justicia y por el cauce legal y constitucionalmente previsto".
"Son medidas que afectan a una persona de indudable relevancia pública que padece una grave enfermedad por la que está recibiendo todos los cuidados necesarios en un centro hospitalario altamente cualificado", añaden los jueces.
