La organización progresista de magistrados Jueces y Juezas para la
Democracia (JpD) considera que debe investigarse si ha existido "alguna
negligencia" por parte de la Conselleria de Justicia en relación con el
fallo de un desfibrilador, ocurrido el pasado jueves en la Ciudad de la
Justicia de Valencia, que hizo imposible usar el aparato para salvar la
vida de un hombre infartado en una sala de vistas.
Un hombre de
54 años murió el pasado 17 de octubre tras entrar en parada
cardiorrespiratoria mientras se celebraba un juicio en el que estaba
procesado junto a otras trece personas por un asunto de drogas en la
Ciudad de la Justicia de València.
El desfibrilador de la sede
judicial no pudo ser usado en su ayuda por marcar nivel insuficiente de
batería, lo que para la sección territorial valenciana de Juezas y
Jueces para la Democracia debe ser investigado como una posible
negligencia.
En un comunicado difundido este lunes, JpD pide a
Justicia que acuerde "medidas efectivas que eviten los riesgos en
materia de seguridad y salud que generan estas situaciones".
Junto
a ello, la organización lamenta una posible "desidia" de la Conselleria
en la convocatoria del comité de prevención de riesgos laborales que
integra a todos los colectivos profesionales presentes en el
funcionamiento diario de la Ciudad de la Justicia.
"No podemos
olvidar que por la Ciudad de la Justicia pasan a diario miles de
personas, además del número importante de trabajadores y trabajadoras de
distintos sectores profesionales que ejercen su actividad laboral en
este recinto. La Generalitat es la titular del edificio y debe cumplir
el Decreto 159/2017, aprobado por el propio Gobierno valenciano, que
regula la instalación y uso de los desfibriladores, así como su
mantenimiento", añade.
"Las últimas informaciones difundidas
desvelan que el referido desfibrilador no funcionaba por falta de
batería y que el material médico para su uso estaba caducado. Además, en
mayo de 2018 esta anómala situación ya habría sido puesta en
conocimiento del gerente de la Ciudad de la Justicia, el cual la habría
transmitido a la Conselleria de Justicia, sin que al parecer se hayan
tomado las medidas oportunas", dice también la sección valenciana de
JpD.
"El grave incendio que causó importantes daños en la Ciudad
de la Justicia ya mostró serias deficiencias en el mantenimiento de las
instalaciones y en el seguimiento sobre el funcionamiento apropiado de
las mismas", añade la organización.
"Ha de recordarse que la
Conselleria de Justicia no ha convocado desde enero al comité de
coordinación de prevención de riesgos laborales, a pesar de que el mismo
había de reunirse con carácter trimestral. La falta de funcionamiento
de esta mesa técnica muestra cierta desidia de la actuación
institucional en la materia", dice JpD, que añade que la Conselleria de
Justicia está adoptando medidas que afectan a posibles riesgos laborales
sin contar con la participación de los delegados de prevención de los
colectivos profesionales afectados.
La Fiscalía Provincial de Valencia solicitará a los especialistas
forenses que se pronuncien sobre si el fallo del desfibrilador el pasado
jueves en los juzgados de València fue determinante en el fallecimiento
de un hombre de 54 años que sufrió un infarto en estas instalaciones y
no pudo ser reanimado.
Según han informado fuentes del Ministerio
Público, esta petición se realizará al Juzgado de Instrucción número 3,
responsable de estudiar este asunto, y se hará independientemente de
que se persone o no acusación particular en la causa.
Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha convocado mañana martes, a
las 9.30 horas, a todos los colectivos profesionales implicados en el
funcionamiento de los tribunales valencianos para una reunión en la
Ciudad de la Justicia de València, en la que les explicará los datos de
los que dispone sobre el fallo de un desfibrilador ocurrido en dicha
sede judicial cuando, el pasado jueves, intentaron usarlo para salvar la
vida de un infartado.
Imagen de un desfibrilador. EFE-Archivo
