Los desahucios siguen creciendo. -EFE
Estos datos figuran en el informe sobre el 'Efecto de la Crisis en los Órganos Judiciales hecho público hoy por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que refleja también la comparación de este periodo de 2021 con el mismo trimestre de hace dos años, habida cuenta del importantísimo efecto que tuvo la crisis sanitaria causada por el Covid-19 en la actividad judicial entre marzo y septiembre de 2020.
De acuerdo con las cifras, de los 1.317 lanzamientos ejecutados en la Comunidad Valenciana en el pasado trimestre, más de la mitad, 756, se debieron a impagos de alquiler, en virtud de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), un 2,3% más que los 739 del tercer trimestre de 2020 pero un 14,18% menos que los 881 que se produjeron entre julio y septiembre de 2019.
Los
lanzamientos practicados por el impago de cuotas
hipotecarias fueron 531, lo que implica un incremento
interanual del 43,9% en relación a 2020 y del 8,4%
respecto a 2019. En este apartado, la valenciana es la
segunda comunidad autónoma con un mayor número de
lanzamientos, 10,5 por cada 100.000 habitantes,
únicamente superada por Murcia, con una tasa de 12,5.
En la provincia de Valencia se practicaron 493 lanzamientos (107 derivados de ejecuciones hipotecarias y 366 por el impago de arrendamientos), en Alicante se contabilizaron 702 (378 y 316, respectivamente) y 122 en Castellón (46 y 74, por ese orden).
En este tercer trimestre del año destaca el importante incremento registrado en los procedimientos de ejecución hipotecaria en la Comunidad Valenciana, concretamente un 32,4%, al alcanzar los 1.182 (608 en Alicante, 122 en Castellón y 442 en Valencia), frente a los 893 de un año antes. Ese incremento es de un 57%, si se compara con los 513 procedimientos contabilizados entre julio y septiembre de 2019.
Concursos de acreedores
Otro de los apartados importantes de este informe estadístico es el de los concursos de acreedores. El total del tercer trimestre del año, que incluye tanto personas físicas como personas jurídicas, fue de 522, un 0,6% inferior a los 525 de un año antes. En la provincia de Alicante se registraron un total de 147 concursos, 81 en la de Castellón y 294 en la de Valencia.
Los presentados en los Juzgados de lo Mercantil de toda la Comunidad fueron 245, un 6,8% menos que los 263 de 2020, pero un 18,7% más que en el mismo periodo de 2019, cuando se computaron 199.
Por su parte, los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción registraron 277 concursos de personas físicas no empresarios, frente a los 262 del tercer trimestre del pasado año, lo que implica un crecimiento interanual del 5,7% y un 32,8% respecto a los 186 de 2019. Tanto en un caso como en otro, la Comunidad Valenciana ocupa la tercera posición del país en cuanto a concursos presentados, por detrás de Cataluña y Madrid.
Conflictividad laboral
Entre julio y septiembre de este año se redujeron significativamente los procedimientos relativos a conflictos laborales, que tramitan los Juzgados de lo Social de la Comunidad Valenciana. Así las demandas por despidos alcanzaron las 3.039, un 31,5% menos que los 4.438 de un año antes. El descenso es del 16,7% si se compara la cifra con las 3.549 demandas del tercer trimestre de 2019.
También bajó el número de demandas de reclamación de cantidad en estos órganos, al contabilizarse 2.154, un 21,5% menos, que las 2.745 de 2020, pero solo un 1% menos que las 2.177 registradas en el tercer trimestre de 2019.
En la
provincia de Valencia se presentaron 1.667 demandas por
despidos y 1.181 por reclamación de cantidad, en la de
Alicante las cifras fueron 1.095 y 716 y en la de
Castellón 277 y 257, respectivamente.
Por su parte, los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción valencianos asumieron 18.831 procedimientos monitorios, lo que representa un descenso del 12,5% en relación a los 21.529 de un año antes y un ligero aumento en relación a los 18.341 registrados entre julio y septiembre de 2019.
Esta clase de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas modificó el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el tercer trimestre de 2021 ingresaron en los juzgados valencianos 105 de demandas de esta clase, una cifra similar a la del mismo trimestre de 2020, cuando se presentaron 108.
Finalmente,
los juzgados especializados en acciones individuales
sobre condiciones generales incluidos en contratos de
financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo
prestatario sea una persona física, conocidos como
juzgados de cláusulas suelo, asumieron en el periodo
analizado de 2021 un total de 1.275 nuevas demandas y
resolvieron 2.757, un 10,2% menos y un 6,1% más,
respectivamente, que un año antes.
