Los productores de vino de LA UNIÓ de toda la Comunitat Valenciana han decidido realizar un acto de protesta el próximo 30 de abril en Valencia ante la difÃcil situación en la que se encuentran con un descenso importante en los ingresos que perciben.
Los agricultores se manifestarán desde la plaza de la Reina hasta las puertas de la Generalitat donde realizarán una concentración y leerán un manifiesto para el presidente Alberto Fabra en el que le pedirán soluciones.
La polÃtica especulativa de las grandes bodegas y permitida por las Administraciones Públicas, junto a la importación masiva e incontrolada importación de vino procedente de paÃses terceros o la entrada de vino procedente de otras zonas del Estado, ha provocado que "muchas de nuestras bodegas estén llenas y se den las condiciones ideales para que los especuladores, que durante años han arruinado el sector, se encuentren con la situación perfecta para continuar haciéndolo".
En contraposición a lo anterior LA UNIÓ reclama la elaboración y publicación de aforos vitÃcolas para, en función de la campaña, establecer medidas correctoras como, por ejemplo, la cosecha en verde, además de un incremento de los controles a los vinos importados de paÃses terceros.
Por otra parte, señala que hay que establecer una ordenación territorial vitivinÃcola en base a la realidad productiva de cada zona y que ponga en valor las especificidades de cada una de nuestras zonas productivas, evitando el conflicto entre denominaciones de origen vÃnicas y adaptarlas a la filosofÃa de la normativa comunitaria.
Entre las demandas que solicitan los productores vitivinÃcolas de LA UNIÓ destaca el pago de las ayudas pendientes por parte de la Generalitat, y contempladas en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valencia, por parte de la Generalitat, asà como que se establezca normativamente un perÃodo de pago obligatorio de las ayudas públicas y se convoquen las ayudas de primera instalación, planes de mejora e indemnizaciones compensatorias del perÃodo 2014-2020.
También pide una modificación de la normativa que discrimina a los viticultores profesionales en las ayudas a la reestructuración y reconversión de la viña y unas tarifas eléctricas adecuadas al sector agrario porque las actuales impiden la viabilidad de las explotaciones.
