Cabecera de la manifestación. La ciudadanía de Godella se ha rebelado en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSCJV) que condena al Ayuntamiento de Godella a pagar 11,7 millones de euros a las monjas del Sagrado Corazón por el Parque de La Dehesa. Con pancartas en mano, más de 500 personas se manifestaron el pasado fin de semana con lemas como "No al abuso del parque", "No al expolio" y "L'Esglèsia és rica, el poble és pobre".
Los manifestantes se trasladaron desde la plaza de la Ermita hasta la plaza Santa Magdalena Sofía, a las puertas del colegio del Sagrado Corazón, lanzando cánticos como: "Això no es justícia, es avarícia", "No volem pagar", "No a un parc, contra el poblé" y "Serà legal però es immoral", entre otros.
"Son cerca de 26.000 metros cuadrados declarados zona verde pública en el PGOU de 1990 y valorados en 30 millones de pesetas (180.000 euros) en aquel momento -comentó Pep Albert, uno de los portavoces de la Assemblea de Ciutadanes i Ciutadanes de Godella, convocante de la manifestación,-, y que la congregación del Sagrado Corazón de Jesús instó a su expropiación en plena burbuja inmobiliaria multiplicando su valor 30 veces. El pueblo de Godella no ha disfrutado en ningún momento de ese parque y no lo quiere, y sobre todo, no lo queremos a costa de la ruina de nuestro pueblo".
Y es que según han denunciado la sentencia del TSJCV "condena al Ayuntamiento de Godella a pagar una deuda que pone en peligro los servicios sociales y empleos municipales". La sentencia establece un pago de 11,7 millones de euros más los intereses, lo que hace una suma total de 16,5 millones de euros, lo que supone cerca de dos presupuestos del Consistorio.
Por ello, y ante la imposibilidad de desembolsar en un solo pago la sentencia, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Godella ha preparado un Plan Económico y Financiero que consiste en pagar fracciones anuales de 200.000 euros revisables cada tres años, y un pago complementario en especie con los bienes inmuebles de propiedad municipal valorados en 3,5 millones de euros.
Ahora el ejecutivo espera la resolución del TSJCV y la aceptación de las monjas. En caso de que sea negativa, será la justicia la que determine la forma de pago.
