La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (izda), y el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz, ofrecen una rueda de prensa para anunciar las restricciones de movilidad para hacer frente al coronavirus. EFE-JuanJo Martín
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ayer en rueda de prensa para anunciar las restricciones de movilidad para hacer frente al coronavirus. EFE-JuanJo MartínLa Comunidad de Madrid va a restringir a partir del lunes la movilidad en 37 áreas sanitarias de la región con altas tasas de contagio por coronavirus, la mayoría situadas al sur y cuyos habitantes sólo podrán desplazarse a otros lugares para actividades imprescindibles, como ir a trabajar.
Recordad: mascarilla, distancia social y lavado frecuente de manos con jabón o gel hidroalcohólico
Además, las reuniones sociales estarán limitadas de diez a seis personas en toda la región, tanto en espacios públicos como privados, salvo para quienes convivan en el mismo hogar.
"Hay que evitar el estado de alarma pero sobre todo el confinamiento, el confinamiento es el desastre económico y hay que evitarlo por todos los medios", ha dicho la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa donde ha presentado las nuevas medidas.
Las restricciones de movilidad afectarán a 855.193 personas de la Comunidad de Madrid de 37 áreas sanitarias, donde habrá una reducción genérica de los aforos en espacios cerrados al 50 %, se cerrarán parques y jardines y se harán un millón de test de antígenos rápidos para evaluar la transmisibilidad del coronavirus.
La población residente en estas zonas (repartidas entre 6 distritos de la capital y siete municipios madrileños) equivale al 13 % del total de la Comunidad de Madrid, pero concentra el 25 % de los casos de coronavirus diagnosticados.
En concreto, son 26 áreas sanitarias de los distritos de Madrid de Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal y 11 de los municipios de Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.
Las zonas básicas de salud son el marco territorial en el que opera un centro de salud. En un barrio puede haber varias, o dos mismos municipios de mayor tamaño pueden compartir la misma zona básica.
Habrá restricciones de la entrada y salida excepto por motivos laborales, médicos, legales o administrativos; el acceso a centros educativos o entidades bancarias; el regreso a la zona residencial; el cuidado de personas mayores, menores o dependientes; y cualquier otra necesidad prioritaria, urgente o de fuerza mayor.
Los comercios y la hostelería de esas zonas tendrán que cerrar a las diez de la noche, aunque podrá haber repartos de comida a domicilio después de esa hora.
Los residentes podrán desplazarse por la vía pública dentro del perímetro acotado, aunque se recomienda evitar desplazamientos y actividades "innecesarias".
Las medidas tendrán una vigencia de 14 días a partir del lunes, que se podrán prorrogar si así lo requiere la situación epidemiológica.
La Comunidad de Madrid contará con los ayuntamientos, con la Delegación del Gobierno, el Ejecutivo central y el Ministerio de Defensa para que se cumplan estas restricciones, cuyo incumplimiento conlleva unas sanciones de entre 600 y 600.0000 euros.
"Vamos a crear un espacio de colaboración y poner en marcha una nueva orden que entra en vigor el lunes donde necesitamos la fuerza del Estado. Necesitamos las herramientas que no tenemos como Gobierno autonómico, sobre todo, en materia de seguridad ciudadana", ha dicho Ayuso, que asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no viene a tutelar, sino a colaborar con la Comunidad de Madrid".
Ambos se reunirán este lunes en la sede del Gobierno regional para coordinar las medidas.
Ayuso ha pedido una ley que dé "seguridad jurídica" a las comunidades autónomas para limitar la movilidad, y una "estrategia nacional" en las estaciones de tren y en los aeropuertos.
Aunque ha reconocido que el Gobierno regional ha cometido "errores" en la gestión de la pandemia, ha dicho que "el exceso de confianza en entornos familiares" ha sido lo que ha provocado, "entre otras causas", el repunte de casos.
Los alcaldes de Alcobendas, Getafe, Parla y Fuenlabrada han criticado que la Comunidad de Madrid no haya hecho partícipes a los ayuntamientos de las medidas de restricción de la movilidad por la alta incidencia del coronavirus en sus municipios, y que ven de difícil aplicación por su "complejidad".
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado su "apoyo y comprensión" a los vecinos del sur y les ha pedido que no se desentiendan y piensen que la situación no va con ellos.
Tras el anuncio de las medidas, centenares de personas se han concentrado en la Puerta del Sol para pedir la dimisión de Ayuso por unas restricciones que consideran "clasistas" y "segregadoras".
En la misma línea, los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid han calificado las medidas de "segregatorias" e "ineficaces" y han reclamado acciones más contundentes en el plano sanitario y social.
Por su parte, los sindicatos sanitarios madrileños se han mostrado "desencantados" con las restricciones y han pedido que "no se colapsen más" los centros de Atención Primaria con el millón de test previstos.
Y el presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, ha pedido "medidas contundentes" de apoyo a la actividad empresarial para evitar la "destrucción" de empleo con las restricciones de las actividades empresariales y comerciales.
La decisión de la Comunidad de Madrid de decretar confinamientos selectivos para frenar la expansión del coronavirus ha dado proyección a una medida que han adoptado previamente los gobiernos de once comunidades autónomas y que ha afectado desde el final del estado de alarma a casi cuarenta municipios.
Una vez que las autoridades sanitarias autonómicas constataban que los brotes de covid estaban dando paso a una transmisión comunitaria, han ido decidiendo estos confinamientos perimetrales de, en la mayoría de los casos, quince días de duración, los que dura una cuarentena.
Pese a que las localidades que han sido aisladas desde el verano superan la cuarentena, la población más numerosa que se verá afectada por estos confinamientos será la de Madrid: 858.193 personas de las 37 zonas de salud sobre las que se ha adoptado esta medida
El confinamiento limita los desplazamientos fuera o hacia una zona geográfica concreta, que puede ser un edificio, una urbanización, un municipio o, como en Madrid, una zona básica de salud.
La medida permite la circulación de los residentes dentro del núcleo urbano afectado siempre que se respeten las medidas de prevención de contagios, aunque añade una recomendación a los vecinos para que permanezcan en sus domicilios.
Esta restricción de movimientos decidida por las comunidades ha venido acompañada de otras medidas, como la prohibición de reuniones de más de seis personas (en Madrid), limitaciones horarias para tiendas, bares o restaurantes, así como reducciones de aforo en establecimientos públicos y cierre de parques y jardines.
La primera comunidad en decretar un confinamiento perimetral fue Cataluña, el 4 de julio en la comarca del Segrià, incluida su capital, Lleida, para atajar los brotes surgidos entre temporeros llegados para la recogida de la fruta.
Al día siguiente era la Xunta de Galicia la que ordenaba el cierre de los accesos a la comarca de A Mariña, en Lugo. Cinco días después, ordenó el confinamiento de Burela, en tanto que los vecinos de Viveiro, Xove, Cervo, Foz, Barreiros y Ribadeo solo podían desplazarse entre dichos municipios.
En Castilla y León, el primer confinamiento, ratificado el 16 julio por un juzgado, afectó a diez viviendas del barrio de las Delicias de Valladolid.
Este confinamiento selectivo fue total, sin posibilidad de movilidad, y se produjo después de que la administración comprobara que una veintena de afectados estaban incumpliendo el aislamiento.
Son varias las localidades castellanoleonesas que han tenido que cerrar sus perímetros para tratar de frenar la alta incidencia del coronavirus, como las vallisoletanas de Íscar -6.300 habitantes- y Pedrajas de San Esteban -3.300-, que acaban de volver a ser confinadas.
Además, Cantalejo y Carrascal del Río, ambas en Segovia, y Sotillo de la Ribera (Burgos), de unos 500 vecinos, y Pesquera de Duero (Valladolid), de unos 450. El confinamiento de esta última está aún pendiente de ratificación por el juez.
Sin embargo, el mayor confinamiento de población en esta comunidad se produjo el 7 de agosto, con el aislamiento de los cerca de 32.000 habitantes del municipio burgalés de Aranda de Duero.
La mayoría de los confinamientos ordenados por los gobiernos autonómicos con ratificación judicial tienen una duración de 14 ó 15 días, el tiempo decretado para las cuarentenas.
Son, por ejemplo, los que permanecieron aislados los vecinos de las localidades castellanomanchegas de Villamalea (Albacete), confinada el 20 de agosto, o Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), del 3 al 17 de septiembre.
También Extremadura decretó el 8 de agosto el aislamiento de Villarta de los Montes (Badajoz), una localidad de poco más de 400 habitantes y perteneciente a la comarca de la Siberia Extremeña.
La Generalitat Valenciana ordenó el 31 de agosto el confinamiento de Benigànim, y, dos días después, el Gobierno de Cantabria decidía el aislamiento de Santoña.
El 11 de septiembre, Cantabria decretó asimismo el confinamiento parcial del barrio La Inmobiliaria (unos 6.500 vecinos) de Torrelavega, por un brote originado en un bautizo.
En Baleares, el Govern dispuso desde el 11 de septiembre confinamientos en cuatro barrios de Palma -Son Gotleu, la Soledad Norte, Can Capes y parte de Son Canals- y, a partir de este viernes, en la zona de la avenida de Arquitecto Bennàssar. Asimismo, hay medidas restrictivas en la zona del Eixample de Ibiza y el centro del casco urbano de Sant Antoni.
También Aragón ha decidido mantener el confinamiento perimetral del municipio turolense de Andorra por el ascenso sostenido de los casos positivos, una situación que afecta también a Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Murcia ordenó el 24 de julio el regreso de Totana (32.000 habitantes) a la fase 1 de la desescalada, lo que supuso la limitación de las entradas y salidas del municipio.
En esta comunidad siguen con restricciones de la movilidad las poblaciones de Jumilla y la pedania de Archivel, en Caravaca, así como el casco urbano de Lorca (60.000 habitantes) que retrocedió el 15 de septiembre a fase 1 flexibilizada.
Por último, el 7 de septiembre el Gobierno de La Rioja acordó restringir durante siete días la movilidad en Alfaro, municipio que en ese momento tenía 264 casos activos de covid, el 27,5 % del total de contagios de la comunidad autónoma.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado este viernes que las comunidades autónomas deben tener "seguridad jurídica" mediante una ley para poder aplicar las restricciones de movilidad que sean necesarias para frenar la propagación del coronavirus.
En rueda de prensa conjunta con el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para informar sobre las nuevas medidas que afectan a 37 zonas de salud de la región, Ayuso ha afirmado que las comunidades autónomas tienen "muchas necesidades" en materia de seguridad ciudadana, por lo que requieren "un refuerzo".
La Comunidad de Madrid, ha explicado Ayuso, necesita el apoyo del Gobierno de la nación "para hacer efectivas las cuarentenas" en las áreas afectadas y "para restringir la movilidad", unas limitaciones que se implementarán con la colaboración de la Policía Local de cada municipio.
"Si tenemos una norma que nos ayude a entender mejor como seguir perimetrando si necesitamos avanzar hacia delante y hacerlo en otras zonas, sería mucho más eficaz", ha sostenido.
Ayuso también ha pedido "una estrategia nacional" en las estaciones de tren y en los aeropuertos, debido a la alta movilidad de la capital y su conexión con las comunidades limítrofes y el resto de capitales europeas.
La Comunidad de Madrid reforzará, en colaboración con Delegación del Gobierno, los ayuntamientos y el Ministerio de Defensa, la presencia de agentes en estas zonas afectadas con mayor incidencia del virus "para evitar desplazamientos innecesarios" y "el efectivo cumplimiento" de la nueva orden sanitaria, ha dicho la mandataria.
Por su parte, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha señalado que el principal objetivo de la reunión que mantendrán Ayuso y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo lunes en la Puerta del Sol, es que el Ejecutivo central se comprometa a poner en marcha "todos los mecanismos que sean necesarios" para garantizar que las cuarentenas "son eficaces".
Centenares de personas se han concentrado esta tarde en la Puerta del Sol, frente a la sede de la Comunidad de Madrid, para pedir la dimisión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, después del anuncio de las nuevas restricciones, que los manifestantes consideran "clasistas" y "segregadoras".
Los manifestantes se han concentrado en la Puerta del Sol sobre las 20:00 horas, después del anuncio de la presidenta regional de que la Comunidad va a restringir a partir del lunes la movilidad en las 37 áreas sanitarias de la región más afectadas por el coronavirus, la mayoría al sur y cuyos habitantes sólo podrán desplazarse a otros lugares para ir a trabajar y cumplir obligaciones legales o educativas, entre otros supuestos.
"Ayuso fascista, eres una clasista", "No es confinamiento, es segregación" o "No queremos pizza, queremos sanidad" han sido algunos de los lemas que han coreado los manifestantes, unos 350 según fuentes policiales y cerca de un millar según asociaciones vecinales que han asistido a la concentración.
Cerca de una veintena de agentes formaban una cadena que rodeaba la puerta principal de la Real Casa de Correos, donde se ha celebrado la rueda de prensa en la que se han anunciado las nuevas medidas.
A la manifestación, convocada a través de redes sociales, han asistido el Sindicato de Estudiantes, Sindicalistas de Izquierda y varias Asociaciones de Vecinos del los distritos y barrios del sur.
