El exfiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio MartÃn PallÃn. EFE-Ismael Herrero-Archivo
El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio MartÃn PallÃn considera que "de acuerdo a los hechos probados, la respuesta penal en el conocido como caso Blasco debió haber sido la más dura posible", por lo que las impuestas finalmente son, en su opinión, "insuficientes".
En declaraciones a EFE, MartÃn PallÃn ha insistido en que los hechos por los que se procesó al exconseller Rafael Blasco en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación "merecen un repudio doble", ya que, a su juicio, "no solo asistimos a un caso de corrupción, sino que además se apropiaron de unos fondos destinados a la solidaridad y la cooperación internacional".
En opinión de este magistrado emérito, en este tipo de procesos de corrupción polÃtica "está fallando la determinación concreta del enriquecimiento del funcionario o autoridad, y lo más preocupante, la capacidad de embargar bienes suficientes para reintegrarlos al erario público".
PallÃn participa este miércoles en un seminario digital organizado por el Observatorio Ciudadano Contra la Corrupción y la Coordinadora Valenciana de ONGD, con la colaboración de la Generalitat, en el que también interviene el profesor de Derecho Penal de la UV Jorge Correcher y el abogado de la acusación popular en el caso Cooperación, Raúl Vidal.
En declaraciones a EFE, Vidal ha explicado que la Coordinadora Valenciana de ONGD ya trabaja en el recurso de casación a la sentencia del juicio por las piezas 2 y 3.
Según ha detallado, el recurso podrÃa constar finalmente de cerca de 150 folios y en el mismo se insistirá en solicitar condenas por asociación ilÃcita (grupo criminal a partir de 2010), asà como en rechazar las atenuantes de confesión o reparación del daño causado.
"Las condenas son por delitos de malversación, prevaricación y falsedad prácticamente en todos los casos y no se entiende que haya supuesto condenas de pocos meses -señala Vidal-. En nuestra opinión, se han aplicado sin demasiado sentido unos atenuantes que en realidad no lo son, porque no se ha confesado nada, ni se ha reparado el daño de forma proporcionada".
"Blasco ofreció su residencia de Aigües Vives que ya se encontraba embargada, y un local que está arrendado e hipotecado; no entendemos una rebaja de penas por debajo incluso de lo acordado con la FiscalÃa", añade.
El pasado 24 de abril la Audiencia de Valencia condenó a un año de prisión al exconseller del PP por el desvÃo de cerca de 5 millones de euros inicialmente destinados a once proyectos en paÃses empobrecidos, entre ellos la construcción de un hospital en Haità por el sismo de 2010, en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación.
Asimismo, el empresario César Augusto Tauroni, condenado al igual que Blasco en la primera pieza, fue condenado a dos años de prisión.
Ambas penas son inferiores a las pactadas entre los acusados y la FiscalÃa Anticorrupción en el transcurso del juicio, que quedó visto para sentencia nueve meses antes, y en el que el fiscal Jesús Carrasco redujo su petición inicial de penas de cárcel de 16 y 22 años, para Blasco y Tauroni, respectivamente, a tres años y medio en ambos casos.
En la condena se absuelve expresamente a Blasco de los delitos de asociación ilÃcita, organización y grupo criminal que habÃan formulado otras acusaciones, entre ellas la Coordinadora Valenciana de ONGD.
Blasco reconoció haber cometido los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en la trama de altos cargos de la Administración y empresarios que desviaron cinco millones de euros públicos destinados a proyectos solidarios, y aportó además dos bienes inmuebles tasados en unos 800.000 euros con los que resarcir su responsabilidad civil.
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