Martínez Dalmau. EFE - Biel Aliño. EPDA.El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, ha defendido que el decreto ley para la ampliación de la red pública de viviendas era un "imperativo social" y diferencia entre quienes "trabajan por la gente que necesita un techo en el que desarrollar su vida y los que lo hacen por la gente que hacía negocio" con estos bienes.
Los grupos parlamentarios de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, han anunciado, durante el debate de la medida en el pleno de Les Corts, que se opondrán a la validación del decreto que han calificado de "inconstitucional", de un "decretazo" y de una "gran chapuza" que además genera inseguridad jurídica.
Martínez Dalmau ha asegurado que el decreto ley, que contempla la ampliación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto, "frenará los movimientos especulativos" y aumentará el parque público de vivienda ante la crisis económica provocada por la pandemia.
"Garantizar el derecho a la vivienda será el reto social más importante de la próxima década para las administraciones públicas", ha argumentado el conseller, quien ha asegurado además que la adquisición de 218 viviendas mediante el derecho de tanteo supondrá un "punto y aparte en las políticas de vivienda" de la Comunitat, porque "nunca antes la Generalitat había ejercido este derecho en viviendas protegidas de promoción privada".
Martínez Dalmau ha afirmado asimismo que la norma es "plenamente efectiva" e "inmediatamente aplicable" y ha defendido su urgencia ante el momento de dificultad en el que nos encontramos.
Ha advertido de que estamos ante un proceso por el que las entidades financieras "están desprendiéndose de todos los inmuebles que acumularon en la crisis económica de 2008", a precios "irrisorios" y en paquetes de miles de inmuebles, en muchos de los cuales siguen viviendo familias.
A su juicio, esto evidencia que la aprobación era "indispensable" para implementar los mecanismos para ampliar la red pública de vivienda, además de un "imperativo social".
El decreto, ha explicado, regula los derechos de adquisición preferente de la Generalitat sobre las viviendas de protección pública e introduce como novedad su calificación de "carácter permanente", asegurando así "el cumplimiento presente y futuro de la función social de la vivienda" frente a las prácticas especulativas con recursos públicos.
Del mismo modo -ha añadido-, apuesta por "descentralizar" las políticas en materia de vivienda posibilitando a los ayuntamientos la creación y ampliación del parque municipal de vivienda.
El grupo parlamentario del PP ha acusado a Martínez Dalmau de pretender ser un "Robin Hood" quitando las viviendas a los "fondos buitre" para dársela a los pobres, cuando en realidad es más "Pepe Gotera" presentando una decreto que a su juicio es una "auténtica chapuza" que genera "inseguridad jurídica" y ha pedido que se tramite como proyecto de ley.
Para Ciudadanos el decreto "cercena" los derechos de los particulares a la vivienda y lo ha calificado como una medida "de corte comunista" y un "decretazo mordaza", mientras que Vox lo ha tildado de un "atentado contra la democracia".
Por su parte, Unides Podem ha defendido que el confinamiento por la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de la vivienda y de "establecer medidas para proteger este derecho", por lo que ha animado al resto de grupos a "dar un paso adelante", convertir la vivienda en "un derecho" y protegerla de los fondos buitres.
El PSPV ha asegurado que se trata de "un gran decreto" amparado en "la buena fe" aunque ha reconocido que puede mejorarse con una ley de acompañamiento, mientras que Compromís lo considera "necesario e imprescindible" para solucionar la demanda de una vivienda digna para más de 14.000 familias en la Comunitat.
La votación de la validación del decreto ley, que saldrá adelante con los votos favorables de los partidos del Botànic, se realizará esta tarde tras el debate del cuarto punto de la sesión plenaria, que abordará el decreto ley del 26 de junio que establece medidas excepcionales para facilitar la convocatoria y reunión de los órganos sociales y la eficacia de los acuerdos de las entidades cooperativas valencianas.
