Ropa de niños junto a dos muñecos de peluche se secan al sol. EFE- Juan Carlos Cárdenas-Archivo
Más de 103.000 niños y niñas de la Comunitat Valenciana no pueden permitirse tener en casa una temperatura adecuada en invierno, según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida y el análisis que ha realizado Save the Children sobre cómo afecta la pobreza energética en las familias con hijas e hijos.
A nivel estatal, solamente el 16 % de los hogares españoles en los que se pasa frÃo en invierno y no pueden pagar las facturas de la luz y el gas cuenta con el apoyo del bono social.
Eso en un contexto en el que 4,5 millones de personas abonan sus facturas con retraso por dificultades económicas, y más de 6,7 millones no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, según ha informado la ONG en un comunicado. Además, el 13,1 % de niñas, niños y adolescentes vive en estos hogares.
La organización denuncia que el bono social no está llegando a todas familias que lo necesitan, y señala que a diferencia de los hogares constituidos sólo por personas adultas, las familias con hijos o hijas a cargo afrontan más situaciones de endeudamiento, ya que priorizan su bienestar.
El retraso en el pago de las facturas de la luz es también algo normalizado en las familias que se encuentran en esta situación: cerca de 475.000 personas en la Comunitat Valenciana viven en hogares que no están al dÃa en el pago de facturas de suministros de la vivienda, según los últimos datos oficiales.
"Cuando hablamos de familias en situación de pobreza energética en invierno, hablamos de niños y niñas que no pueden ducharse muchas veces con agua caliente, que tienen que taparse con mantas a todas horas para no pasar frÃo o que tienen que hacer los deberes con el abrigo puesto", asegura el director de Save the Children en la Comunitat, Rodrigo Hernández.
La organización alerta también de que la pobreza energética afecta no sólo a la salud fÃsica de los niños y niñas, con consecuencias asociadas a problemas respiratorios y al aumento de visitas al hospital, sino también a la salud mental de la infancia y la adolescencia.
"Vivir en hogares con deudas y una preocupación constante de si se podrán permitir pagar las facturas puede provocar problemas de estrés y salud mental entre los miembros de la familia, incluidos los niños, niñas y adolescentes", afirma Hernández.
En cuanto a las consecuencias en la educación, Save the Children asegura que varias investigaciones han demostrado que la pobreza energética puede estar asociada al absentismo escolar y a un peor rendimiento en el colegio, junto con situaciones de acoso, estigma y aislamiento.
Además, existen otros efectos de la precariedad energética, como la falta de seguridad en algunas viviendas para tratar de mantener la casa caliente. Incendios y otros accidentes pueden poner en riesgo la vida de toda la familia debido a conexiones irregulares a la red de suministro o bien por el uso de métodos alternativos para calentarse o iluminarse, como velas y braseros.
En su análisis, Save the Children señala algunas medidas clave para hacer frente a esta situación a nivel estatal como, por ejemplo, convertir en permanentes las ayudas temporales de emergencia o reformar el bono social para que se otorgue automáticamente a las familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza.
También plantea que el umbral de acceso para las familias con hijos e hijas a cargo tenga en cuenta el coste de vida en cada territorio, asà como crear espacios en los que se tramiten todas las cuestiones informativas y de prestación relacionadas con la provisión de energÃa.
La organización valora especialmente el escudo social energético puesto en marcha por el Gobierno, aunque considera que se puede hacer más para conseguir que las familias puedan hacer frente a las olas de frÃo que estamos viviendo estos dÃas.
A nivel autonómico, propone mejorar la eficiencia energética de las viviendas e implementar ayudas para combatir la pobreza energética, como son la prohibición de cortes de suministro a las familias con hijos e hijas a cargo en riesgo de pobreza o exclusión social, o el establecimiento de oficinas de asesoramiento energético a escala municipal.
