La secretaria autonómica de Economía Sostenible, Comercio y Trabajo, Mª. José Mira, ha destacado hoy que "el consumo socialmente responsable es la base fundamental en la construcción de una sociedad más justa y sostenible". Mira, que ha inaugurado hoy el Congreso de la Unión de Consumidores, ha subrayado que en el nuevo modelo económico diseñado por el Consell, "centrado en el bienestar de las personas y en la mejora de sus condiciones de vida, no tienen cabida la producción ni el comercio de productos ilegales y fraudulentos, no tan solo por el hecho de proteger al consumidor, que ya sería suficiente, sino por las connotaciones de carácter económico, social, laboral y medioambiental que se extienden más allá de la sociedad valenciana".
En este sentido, ha puesto en valor la acción de asociaciones como la Unión de Consumidores para "fomentar la información y la formación al consumidor y sensibilizar de los efectos que tienen sus decisiones de consumo no solo en nuestro entorno sino en el de las generaciones venideras".
Durante su intervención, la responsable autonómica ha avanzado que las acciones políticas del Consell se centrarán "en garantizar que la legislación de protección de los derechos de los consumidores se aplique". Así, ha detallado el apoyo de la Generalitat a la Unión de Consumidores a través de acciones como la colaboración en las Oficinas Municipales de los Consumidores (OMICs) de la Comunitat; en la realización de las actuaciones mediadoras entre consumidores con las empresas reclamadas; en la formación y sensibilización de jóvenes mediante talleres impartidos en los centros escolares; y en la participación que desarrolla como árbitro en representación de los consumidores en el arbitraje de consumo, como cauce de resolución extrajudicial voluntaria y amistosa de los conflictos surgidos entre los consumidores y los empresarios o profesionales.
Asimismo, ha destacado la necesidad de impulsar, junto con la Unión de Consumidores, la resolución de conflictos a través de la mediación y arbitraje de consumo, y ha adelantado que en 2016 está previsto actuar en 1.000 mediaciones y dictar 2.000 laudos arbitrales.
La secretaria autonómica ha hecho hincapié en que el objetivo del Consell es apostar "por un comercio de proximidad, un modelo comercial sostenible y respetuoso con el medio ambiente, un modelo que revitalice los centros urbanos y los barrios de las grandes ciudades y que impulse un consumo responsable y sostenible".
Mira ha ofrecido durante su intervención datos sobre los principales productos falsificados confiscados en Europa, que son ropa, accesorios y calzado (57 %), relojes (10 %), productos electrónicos e informáticos (8 %), medicamentos (8 %) y juguetes (4 %) y, además, ha explicado que los hábitos de compra de falsificaciones nos costaron cerca de 1.000 millones de euros a nivel nacional durante 2012, lo que equivale al 0,1 % del PIB del Estado y a un 0,7 % del mercado potencial de los productos falsificados.
"Pero la falsificación tiene otras implicaciones todavía peores, incluso irreversibles, desde el punto de vista ambiental, laboral, de seguridad y salud públicas y de investigación y desarrollo", ha añadido Mira, que ha informado que en la fabricación de falsificaciones no se puede verificar la no utilización de productos contaminantes ni el correcto tratamiento de los residuos generados y que, en materia laboral, la fabricación de estos productos se hace en condiciones abusivas y a través de la articulación de redes de comercialización que utilizan colectivos en situaciones de vulnerabilidad, todo ello a costa de la destrucción de empleo de fabricantes y distribuidores legales de productos originales.
