Mompó en una imagen de archivo.El presidente provincial del PP de Valencia y portavoz en la Diputación, Vicente Mompó, ha denunciado después de conocerse la resolución judicial del caso Alquería que aboca al procesamiento a 15 excargos de la corporación provincial que «el juez confirma que el perjuicio para los valencianos por la gestión de PSPV y Compromís en la Diputación es de 1,1 millones de euros».
Entre los procesados se encuentra el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, al que Mompó le ha exigido «su dimisión después de las conclusiones del juez instructor de la causa» en las que considera que se han podido cometer delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.
Mompó ha lamentado la «mala imagen que transmiten estas actitudes hacia la ciudadanía» y por eso ha pedido contundencia a la hora de que ninguno de los 15 procesados continúe ostentando cargos públicos.
Junto a Rodríguez figuran como procesados Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart, Xavier Simó, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tiller.
El juez considera probado que se produjo una contratación «simulada» de siete directivos de la empresa Divalterra fuera de la legalidad y que nunca ejercieron sus funciones como altos cargos, por lo que Mompó destaca que el auto judicial haya ratificado la teoría que siempre ha mantenido el Grupo Popular en la Diputación al respecto de este caso, primero con Mari Carmen Contelles, después con Juan Ramón Adsuara y ahora bajo su propia dirección.
El presidente provincial entiende que las contrataciones, tal y como confirma el juez, conllevaron una «malversación de caudales en favor de unos particulares por puros intereses partidistas» de las dos formaciones políticas que estaban entonces, y ahora, gobernando en la corporación provincial: PSPV y Compromís.
Mompó también ha resaltado que la resolución judicial reconoce que la clasificación de Divalterra como Grupo I no es legal y que le hubiera correspondido la del Grupo II. Ha recordado que en el pleno del pasado mes de noviembre se aprobó mantener la clasificación de Grupo I que cuestiona el juez, en este caso ya con Toni Gaspar al frente de la corporación.
El Grupo Popular se opuso a esta clasificación y al procedimiento de urgencia utilizando en su tramitación advirtiendo que la Intervención General del Estado tampoco validaba ese nivel para Divalterra y que ahora el juez en su auto concluye que perseguía poder colocar a un alto número de directivos contratados previamente.
En los próximos días el Grupo Popular valorará con los servicios jurídicos el auto de procedimiento abreviado para establecer los próximos pasos a seguir, a la espera de que se produzca la apertura definitiva del juicio oral y el señalamiento del mismo.
