"Al Sr. Fernández y al equipo que preside de Compromís, EU, Podemos y Psoe, se les ha agotado la credibilidad con todos los colectivos y en el caso de Lafarge es una muestra más, tras casi dos años de permanente conflicto contra la empresa y sus trabajadores, haciendo un uso partidista y sectario de la administración y del procedimiento", ha declarado el portavoz del PP del Ayuntamiento de Sagunt, Sergio Muniesa.
"Han roto con las reglas del juego pactadas en un convenio que regulaba y aseguraba el empleo, la continuidad de la empresa y el paraje natural y que, aparte de poner en riesgo su continuidad, significa un mensaje absolutamente negativo a la inversión que ve como se cambian las reglas del juego por criterios políticos", critica Muniesa.
"Los hechos se han precipitado en este último mes donde hemos visto la verdadera intención del Sr. Fernández y su equipo de gobierno. Hemos pasado de querer vender un acuerdo inexistente y que pretendía utilizar como moneda de cambio el expediente para prorrogar la cantera, a poner las cartas boca arriba, y dar un paso definitivo para negar la ocupación, negar Piñal y llevar el paraje sin alternativa", afirma el portavoz del PP.
"Esos acuerdos abocarían a la empresa a dejar de funcionar y con ello a la pérdida del empleo, además de exponer a la ciudad a tener que asumir una indemnización millonaria", subraya Muniesa.
"Nuestra ciudad no se merece un gobierno así. Somos una ciudad industrial y la actitud mostrada por el equipo de gobierno es un portazo en toda regla al empleo, a la continuidad de Lafarge y a la industria de nuestra ciudad en pleno proceso de reindustrialización. Y es eso es lo que se debate el próximo martes en el pleno", apunta.
"Estos posicionamientos se califican por sí mismos y, no es cosa sólo de una formación política, sino que desde las agrupaciones sindicales y empresariales se han sumado a las críticas contra el actual equipo de gobierno de Compromís, EU, Podemos y PSOE, acusándoles de sectarios, gobernar desde la ideología y no para el bien de la ciudad y como ha afirmado UGT que culpa del riesgo de cierre a Lafarge a una cacicada del Alcalde", destaca.
"Estos casi dos años de gobierno de Compromís, EU, Podemos y PSOE, han significado un burdo intento de dilatar en el tiempo la concesión de la autorización en su actual ocupación, haciendo uso de otros expedientes como forma de acorralar a la empresa. Esta es la política de quienes vinieron con el mantra de rescatar personas y lo único que han logrado hasta la fecha es hundirlas y acrecentar la mala imagen de nuestra ciudad que ha pasado de la alfombra roja a romper unilateralmente los acuerdos y así es imposible que los inversores nos vean como una ciudad fiable y atractiva para invertir", concluye Muniesa.
