Manuela Nicolás, coordinadora de UPYD en la Comunitat Valenciana, ha expresado este jueves su profunda preocupación por el hecho de que el viernes 23 entrase en vigor la Ley 4/2008 de la Generalitat que aumenta las horas de valenciano en los colegios, y disminuye las de castellano e inglés desde el curso que viene, incluso en centros privados y públicos no dependientes del gobierno autonómico.
A través de referenciar su programa electoral de 2015, Nicolás, ha reclamado un "reconocimiento real de la libertad de elección lingüística e impulso de medidas que eviten las trabas, la discriminación y la imposición en el ejercicio de este derecho, potenciando un sistema multilingüe real y sin que la inmersión lingüística en lengua no materna de entre las cooficiales pueda resultar obligatoria".
La número uno de Unión, Progreso y Democracia en la Comunidad, declaró: "En ningún país del mundo se fuerza a una inmersión lingüística a los nativos en una lengua no materna más que en España, el giro que se ha tomado en nuestra comunidad nos acerca al adoctrinamiento y el fomento del pensamiento único como en Cataluña. Lo que le están haciendo a la sociedad, a los alumnos, a los profesores,... al futuro en general, es irreparable".
"Se están infringiendo Derechos Humanos como los referentes a los artículos uno, de libertad e igualdad en derechos; el dos sobre la no discriminación por idioma; los apartados dos y tres del veintiséis sobre derecho a la educación en lengua materna, y que sus padres puedan elegir el tipo de educación de sus hijos", planteó la coordinadora.
Por otra parte, el partido magenta siempre ha defendido el "derecho a la escolarización en la lengua materna", oponiéndose "a toda medida de discriminación política y social basada en supuestos lingüísticos considerados normalizadores por el nacionalismo, defendiendo en cambio la normalidad de la prevalencia de la lengua común sobre la particular, que si bien debe ser reconocida, protegida legalmente y empleada por la Administración para garantizar el bilingüismo donde éste exista realmente, de ningún modo debe imponerse a los ciudadanos como requisito indispensable para ejercer cualquier empleo público o tener un negocio privado".
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