Mónica Oltra durante la sesión de control.La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que el Consell sigue preparado para acoger a 1.400 personas refugiadas que han perdido su hogar como consecuencia de los conflictos armados en Oriente Medio y ha defendido que desde que comenzó esta crisis humanitaria, la Comunitat Valenciana se ha ofrecido "lo mejor que tenemos, que es un pueblo acogedor".
Oltra, que ha comparecido hoy en Les Corts Valencianes para informar sobre la política de acogida a las personas refugiadas en la Comunitat Valenciana, ha recordado que desde el primer momento el Govern del Botànic "puso todo aquello que estaba a su alcance para acoger de manera inmediata, y temporal" a aquellas personas desplazadas como consecuencia de la crisis humanitaria en Siria.
"El Gobierno valenciano estaba preparado en 2015 y lo está también ahora para acoger a 1.400 personas refugiadas, sólo falta la voluntad del Gobierno español, que es quien detenta las competencias en este asunto, para que permita hacerlo", ha afirmado, y ha lamentado que el hecho de que "a día de hoy sólo hayan llegado 64 personas refugiadas" evidencian que el Estado "sólo busca excusas" para que estas personas no lleguen a España.
"A fecha de hoy seguimos en el mismo punto. La crisis humanitaria por la guerra tiene un carácter de extrema urgencia que no admite más demoras en la colaboración del Gobierno de España con la Comunitat y las comunidades", ha incidido la vicepresidenta.
Ha recordado que en verano de 2015, nada más llegar al gobierno, desde su departamento se trabajó en la creación de un plan para dar "una respuesta urgente y de emergencia para coordinar todas las acciones y políticas públicas de atención a las personas demandantes de asilo en la Comunitat Valenciana", que desde el primer momento se trasladó al Estado español.
El plan, ha explicado, incluía la constitución de una comisión mixta entre el Consell y las entidades del sector, especializadas en personas refugiadas y desplazadas, y en la que habían administraciones de distinto signo y color político, y que ha aprobado todas las acciones "por unanimidad", como la creación de una red de ciudades acogedoras.
Esta red incluía 96 pisos, 192 habitaciones en domicilios particulares y más de 600 plazas entre albergues, pisos aulas, polideportivos, viviendas, hostales y edificios polivalentes, entre otros recursos; lo que suponía que la Comunitat Valenciana en ese momento ya estaba en disposición de ofrecer más de 1.400 plazas, a las que se suman 410 plazas subvencionadas del tercer sector que trabajan en el acogimiento de personas inmigrantes.
Estas plazas, ha explicado, tenían el objetivo de ofrecer "una primera acogida, que según lo que se establece por ley tiene una duración de 6 meses", y ha indicado que fue el propio Gobierno español el que dijo a las diferentes comunidades autónomas que la gestión de estas infraestructuras era competencia del Estado, a pesar de que luego la inclusión de estas personas en la sociedad valenciana le corresponde al Consell.
A pesar de que es competencia estatal la gestión de estos inmuebles, desde la Vicepresidencia se emitió un crédito de 652.242 euros para posibles actuaciones en materia de atención a las personas refugiadas, que se sumaron a los más de 13 millones de euros que el Ejecutivo central tenía presupuestados para realizar las adaptaciones que consideran convenientes, dentro de sus competencias.
La vicepresidenta ha recordado que en todo momento se informó al Gobierno español de todas estas actuaciones y ha recordado que se reunió con la secretaria general de Migraciones, después de que su homóloga en el Ejecutivo central, Soraya Sáez de Santamaría, rechazara recibirla porque es "una mujer muy operativa".
El Consell también propuso al Gobierno la firma de un "convenio de colaboración para el traslado y acogimiento de las personas refugiadas", que no ha sido atendido, y en el que la Generalitat consideraba que la crisis humanitaria desencadenada en las costas del Este del Mediterráneo, "revierte un carácter de extrema urgencia que no admitía más demoras en la adopción de medidas de colaboración entre las administraciones central y autonómica".
En este sentido, ha defendido la "lealtad institucional" con la que se ha actuado desde el Consell y ha lamentado no haber recibido la misma respuesta por parte del Estado español, al que ha acusado, de no haber cumplido con lo que establecen los derechos humanos y la legalidad internacional.
