Oltra ha asistido a la firma del documento de formalización del concierto social con 40 entidades del sector. GVALa vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que la formalización del concierto social de 2.087 plazas para personas mayores en centros residenciales y de día gestionados por entidades sin ánimo de lucro representa "un paso más en la implantación de un modelo residencial centrado en la persona.
Oltra ha asistido al acto de formalización del concierto social con 40 entidades del sector de atención a personas mayores titulares de centros residenciales y de día, donde ha destacado la importancia de este acuerdo "por el que las entidades concertadas pasan a integrarse en la Red Pública Valenciana de Servicios Sociales".
La puesta en marcha concierto social en el sector de personas mayores implica un doble beneficio, ha explicado, por un lado facilitará a los centros "recibir los recursos económicos en tiempo y forma, lo que afecta positivamente también a los profesionales de los mismos", y por otro lado implica la puesta en marcha de un nuevo modelo de atención residencial que promueve "la defensa de los derechos de las personas en situación de dependencia".
En este sentido, ha explicado que las nuevas plazas concertadas ya aplicarán este modelo, elaborado la pasada legislatura con la participación de todas las partes implicadas, y que tiene en cuenta la nueva realidad del sector residencial, al que las personas cada vez entran a una edad más tardía, lo que implica un deterioro neurodegenerativo mayor.
Para atender estas nuevas circunstancias, en los módulos donde se atiendan a las personas con enfermedades neurodegenerativas se adoptan medidas como acotar el número máximo de plazas por unidad a 12, así como "la reducción al máximo de las contenciones físicas y químicas que solamente se aplicarán por indicación del servicio médico responsable, y como último recurso en situaciones de riesgo", ha indicado.
Asimismo, todas las habitaciones dispondrán de las instalaciones necesarias para el uso hospitalario y contarán también con camas articuladas, tren elevador, barreras de protección y colchones viscoelásticos. El modelo también contempla que existan habitaciones para personas que se encuentran en estado terminal, donde se garantice la intimidad y donde sus familiares puedan estar solos con ellos para acompañarlos en sus últimos momentos de vida.
Oltra ha indicado que el nuevo modelo también contempla que los centros se parezcan lo máximo posible a un hogar, con unidades residenciales más reducidas y permitiendo que las personas puedan traerse muebles y otros enseres de sus domicilios para decorarse su habitación, "de manera que se sienta como en casa".
Las personas residentes también contarán con un profesional de referencia, que se encargará de dar apoyo personalizado a cada usuario en el día a día, desde un acompañamiento continuado y que será el principal referente tanto para la persona mayor como para su familia.
Las nuevas plazas concertadas también aplican ya la mejora de ratio contemplada en el nuevo modelo y que implica una mejora del marco normativo estatal pasando de 2 auxiliares cada 9 personas con un grado 3 de dependencia, a 2 auxiliares por cada 7, además del acompañamiento terapéutico de un equipo formado por profesionales sanitarios y sociales.
El concierto social garantiza la transparencia, la publicidad y la eficiencia para el interés público, y pone fin al carácter subvencionador y graciable que tradicionalmente regía las convocatorias dirigidas a este sector, eliminando la incertidumbre que año tras año tenían las entidades y garantizándoles un marco de estabilidad de 2 años prorrogables.
La formalización del concierto social en el área de personas mayores corresponderá a un total de 2.087 plazas, 1.497 residenciales y 590 plazas en centros de día. Para la financiación de estas plazas, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dispone de un presupuesto de 77.236.890 euros para el periodo 2019-2020.
El concierto también da una mayor estabilidad en los pagos que trascenderá a una mayor estabilidad a los puestos de trabajo. Se estima que pueda afectar positivamente a alrededor de 1.500 profesionales de centros de personas mayores en toda la Comunitat Valenciana.
