Pablo Delgado. - Foto: Vicente RupérezEl pronunciamiento de Luxemburgo se circunscribe únicamente a la prisión provisional de Junqueras pero no abre la puerta a declarar nulo el fallo del procés. Son las conclusiones del abogado Pablo Delgado que recuerda que la Abogacía del Estado "es un cuerpo independiente que haría mal si se deja doblar el brazo porque resulte conveniente para una investidura de presidente de Gobierno".
Defiende la presunción de inocencia a capa y espada: "La responsabilidad política acaba con la condena y no con ninguna fase intermedia, y esto sirve también para el PP. Aquí sólo ha dimitido Rajoy, al que nadie condenaba".
Apunta a "una clarísima responsabilidad in vigilando" en el fraude de la EMT y establece paralelismos entre el procesamiento del concejal Pere Fuset por homicidio imprudente en el montaje de las gradas de Viveros durante la Fira de Juliol con el procedimiento del accidente del metro.
Detalla minuciosamente la sanción, cierre y finalización de contrato en el centro de menores regentado por las hermanas terciarias capuchinas de Segorbe. La Generalitat actuó "de forma injusta con un expediente que no había por dónde cogerlo". Insiste en que todas las deficiencias fueron subsanadas, niega que se duchara a los tutelados con agua fría o que se les sirviera comida caducada: "Con el tiempo hemos visto que a la vez pasaban otras cosas en otros centros concertados también con la Generalitat".
Y concluye: "En otros centros, ante denuncias de abusos sexuales, ni siquiera se adoptaron medidas de protección de los menores o se iniciaron procedimientos de inspección o sanción. Parece ser que el Derecho no se aplica de igual forma a todos en la Conselleria de Igualdad".
¿Qué dice el fallo del tribunal de Luxemburgo sobre Junqueras?
Que el procedimiento judicial en que fue juzgado y condenado se debería haber interrumpido para ir a recoger su acta de eurodiputado. Y, además, la resolución concluye que no va más allá de un defecto formal que ya no es subsanable porque se ha producido la condena en firme así que se podría producir una indemnización como responsabilidad patrimonial de la Administración.
¿El juicio del procés puede ser nulo?
Con lo que hay sobre la mesa, no. Lo que existe es una determinación sobre el hecho concreto de la prisión provisional. No hay ninguna declaración que hable de juicio injusto. Otra cosa es que lo puedan acabar pidiendo, alegando que si hubiera estado libre durante el juicio podría haber ejercitado mejor su defensa. Y ésta será probablemente y entre otras la causa de petición de nulidad, aunque sólo sea para inquietar a la Fiscalía General del Estado y la Abogacía.
¿La Abogacía del Estado puede abrir la puerta a pedir la libertad?
Mi opinión es que no porque es un cuerpo independiente aunque esté adscrito al gobierno. Su criterio jurídico debe ser uniforme y no puede defender justo lo contrario que ha ido postulando durante el juicio porque resultara conveniente para el presidente en funciones, a su vez, candidato a la investidura. Muy mal haría la Abogacía si se deja doblar el brazo.
¿Luxemburgo favorece a Puigdemont?
La abre a la incertidumbre, no por lo que dice la sentencia sino por lo que van a intentar hacer valer que dice. Si Puigdemont se puede beneficiar al recoger su acta y puede alegar que es inmune, venir aquí y reclamar, no ser detenido, lo estudiará y lo hará y si no, deambulará libremente por el espacio europeo y dirá que España es un país tirano donde se quiere encarcelar a los hombres libres.
¿Un hipotético gobierno de coalición PSOE-Podemos puede favorecer al independentismo evitando acudir a la vía del Constitucional?
Las decisiones irán cambiando en función de su interés y del estado de opinión electoral en Catalunya, pero desgraciadamente no pensando en el interés general de toda España. Lo que van a pedir los independentistas es el referéndum y la amnistía de los condenados, que no son presos políticos. En este proceso no está trascendiendo la postura de PSOE ni de Podemos. Durante la campaña electoral estaban muy claros los límites pero ahora no trascienden y pretenden que nos quedemos con las palabras. Lo peor de que haya un pacto es que no sepamos cuál es, y yo quiero saber si Sánchez defiende una amnistía y un referéndum.
Sí, a través de indultos individuales y esa capacidad la tiene el gobierno.
Un referéndum no se puede celebrar en el marco actual porque habría que reformar la Constitución y ello pasaría por el apoyo del PP para obtener la mayoría parlamentaria suficiente.
¿Cuándo se materializará la inhabilitación de Torra como president de la Generalitat de Catalunya?
Será efectiva cuando su sentencia sea firme, cuando se haya estudiado el recurso. Si el fallo se confirma, se podrá ejecutar. Políticamente nadie discute que pueda seguir en su puesto y no dimita, cosa que llama la atención frente a la petición de dimisión de otros altos cargos de otras comunidades autónomas ante una mera imputación. ¿Por qué nadie le dice a Torra que dimita porque lo han condenado los tribunales catalanes que están en España?
¿Con estos cambios de posición de Pedro Sánchez se genera inseguridad jurídica?
Al final trasciende que lo que pasa en Catalunya no sirve para nada porque continúan haciendo lo que quieren, lo que no pasa con el resto de ciudadanos de otras comunidades autónomas de España.
¿Una imputación obliga a dimitir?
Una imputación no debe conllevar una dimisión porque si no, debería haberla presentado ya el señor Baldoví que ha sido imputado por su etapa como alcalde en Sueca. Tengo el firme convencimiento que cualquier ciudadano no es culpable hasta que no está juzgado y se haya dictado una sentencia que sea firme. La responsabilidad política acaba con la condena y no con ninguna fase intermedia y eso lo digo para Torra, para Baldoví y para cualquiera, sea del partido que sea. Es gratuito haber rebajado los límites de la responsabilidad política a la imputación. No hay ningún género de duda en su exigencia mediática cuando son del PP los investigados pero si pertenecen a otras formaciones, se habla de presunción de inocencia, de que la imputación es por cuestiones técnicas o de que es investigación y no imputación.
¿Eso afecta a Pere Fuset, procesado por homicidio imprudente de un operario en Viveros?
Y ni dimite ni entiendo que se le deba pedir. Otra cosa será cuando llegue la sentencia. Pero cuando hablamos de un accidente laboral grave con el resultado de fallecimientos en el que se llega a imputar a los responsables políticos como titulares de la competencia enjuiciada, estamos ante un supuesto homólogo y con la misma trascendencia que el procedimiento del metro, también con víctimas mortales, trabajadores y usuarios en este caso, y ha de tratarse igual, con el debido respeto en ambos casos y con un orden de proporción por la magnitud. La hipocresía reside en el supuesto de pedir la dimisión de otro y cuando en este caso Fuset está en esa situación hablar de una irregularidad administrativa cuando hay un fallecimiento. Para los demás sin presunción de inocencia y exigiendo responsabilidades políticas pero para mí, toda garantía y excusa es poca.
¿El fraude de 4 millones en la EMT tiene recorrido jurídico?
Clarísimamente, y es mi particular opinión, hay un culpa in vigilando porque hay una serie de directivos a los que se les cuenta que se ha comprado una empresa en Hong Kong, situación que les parece normal y de la que no sospechan, sin que tenga ninguna necesidad la EMT de comprar nada ni en Hong Kong ni en Cuba. Algo pasa. Es extraño que esa empresa pública tenga esas puntas de tesorería y esa liquidez, que la misma sea conocida por los timadores, y que no cuente con un sistema de protección informático, ni de confirmación en la toma de decisiones. Imagino que en cualquier administración pública, y cualquier empresa del sector público, lo mínimo es consultarlo con los superiores, y descargar toda la responsabilidad en la trabajadora sino haber funcionado mecanismos de defensa porque nadie debería firmar sin el conocimiento claro de todo el mundo.
España no tiene tratados recíprocos con Hong Kong o China, con lo que existe una dificultad jurídica y dependerá de la habilidad de los abogados en Hong Kong y los de aquí, a los que hemos visto que recientemente han sido cesados, no por su falta de pericia, porque como profesionales conocidos que son me consta que tienen una alta cualificación, sino al parecer por su relación de parentesco con el alcalde. Si han sustituido a la defensa jurídica en Valencia será porque los nuevos que entren van a conseguir unos resultados extraordinarios.
Vayamos a la gestión del Botànic con los menores. Como defensor de las hermanas terciarias capuchinas, ¿qué pasó en Segorbe?
Ante la postura de la Conselleria de Políticas Inclusivas e Igualdad de sancionar a la congregación que lo dirigía, se cedió la dirección a los Terciarios Capuchinos dentro del programa de conciertos de la Generalitat porque a las monjas terciarias capuchinas no se les permitió presentarse al concurso como consecuencia del dichoso expediente, desde mi punto de vista de forma injusta. El expediente, que no hay por dónde cogerlo, se llegó a archivar y reabrir hasta en tres ocasiones y que ya hay tres órganos judiciales que confirman esta injusticia en tres procedimientos distintos a lo que la abogacía al servicio de la Generalitat, con absoluta falta de juicio, sigue recurriendo. Quedan aún otros tres procedimientos por dilucidar, pues las Hermanas Terciarias tuvieron, ante el atropello sufrido, que judicializar todas las decisiones que orquestadamente se adoptaban contra ellas en la conselleria de la señora Oltra.
Y conviene recordar que las hermanas se han defendido en los tribunales esencialmente por proteger a los niños por ellas tutelados, y su labor centenaria en el cuidado de los mismos. Y eso lo están reconociendo los tribunales.
Fue una sanción económica y de cierre temporal, como ya he dicho después de reiniciar el expediente por caducidad y desidia de la administración, y de forma coetánea, una resolución de finalización de contrato administrativo parcial ilegal, discriminatoria y con carácter sancionador, dictada al mismo tiempo que se prorrogaron todos los contratos con todos los centros de la Comunitat Valenciana sin excepción, salvo el de Segorbe. Los motivos que alegaban para sancionar fueron incumplimientos materiales, como por ejemplo del suelo antideslizante de las duchas, que fue sustituido en una semana. La Conselleria no pasó nunca a comprobarlo. De hecho, en esa inconsistencia se basan los jueces para dictar sus sentencias ya que el informe de inspección de la propia conselleria de la señora Oltra decía que las deficiencias detectadas se tenían que subsanar en un plazo de tres meses y antes de que se girara nuevamente, la inspección visita pasado el plazo, y no propone nunca el cierre del centro. Esas visitas de inspección constataron el cumplimiento de las subsanaciones pero pese a ello la conselleria de la señora Oltra sancionó y cerró el centro. Otra curiosidad es que requerían llaves para las taquillas de los niños, a lo que las hermanas respondieron que dicha medida obedecía a un mejor control de sustancias prohibidas u otros utensilios peligrosos que pudieran guardar los menores, sin que esto atentase su intimidad. Puesto que nos sancionaron por no tener las llaves las pusimos, y en la última visita de inspección nos han dicho algo así como que por que las taquillas tienen llaves. Esto es lo que hay…
¿El cierre fue una decisión técnica o política?
Es desde luego injustificada técnicamente, lo dicen los Juzgados y el TSJCV, y por tanto política, en tanto que además son las instancias políticas las que siguen ordenando a la Abogacía al servicio de la Generalitat que siga defendiendo sus actos.
La Conselleria de Políticas Inclusivas e Igualdad ha desvirtuado esas deficiencias subsanables en sus declaraciones públicas que fueron y están siendo malintencionadas. Sostengo especialmente que es incierto también que a los niños se les duchara con agua fría. Es falso. Una educadora explicó que un niño de cuatro años presentaba una situación de ansiedad e inestabilidad irreconducible por medios ordinarios, ante lo cual, con sumo cuidado y atención, decidió variar la hora de aseo y ducharlo con agua templada para que reaccionara y se calmara, lo que consiguió con éxito, para proseguir posteriormente a acostar al menor y contarle un cuento. La pobre educadora lloraba a lágrima viva cuando escuchaba las acusaciones que le dirigían desde la tribuna del parlamento y en todos los medios de comunicación, y que aún seguimos viendo, porque nunca le preguntaron, ni le permitieron informar sobre la actuación efectuada, nunca investigaron nada porque no les interesaba, solo querían el titular. De facto presentamos hasta un detallado informe pericial de un reputado pediatra que estudió la situación y convalidó plenamente la actuación de la educadora. Los trabajadores, educadores, han sufrido muchas mentiras. Se intentó tergiversar el trabajo y nunca se preguntó ni a los educadores ni al centro porque no les interesaba.
La diferencia es que en otros centros dependientes de entidades privadas al servicio de la conselleria las terapias para reconducir a los niños no son estas, sino el suministro de medicamentos, y aún estamos esperando que esto se investigue.
En sede parlamentaria se denunciaron abusos sexuales a una menor en Segorbe que fueron archivados.
Nada se dice en el informe de inspección, fechado en febrero del 2017 porque los presuntos abusos, que no con sentencia firme resulta que luego no lo fueron, se produjeron en enero del 2016. Y casualmente esto no se hace público hasta mayo de 2017. No sabemos por qué. En enero de 2016, las hermanas y los educadores tuvieron conocimiento que había una niña que había dicho que en Navidad, fuera del centro y en horario no laboral había quedado con un educador a tomar café, y en alguna otra ocasión en ese periodo. Lo que se ponía de manifiesto con el Whattsap que la menor mostró a los educadores del centro. Como ha sido probado y consta en el expediente de la propia conselleria abrió ese mismo año, ninguno de los mensajes que envió el educador era de carácter sexual, pero confirmaron a las hermanas que se habían producido conversaciones fuera del centro en periodo vacacional, extremo que confirmó también el educador. Este comportamiento está prohibido y por eso se le despidió. El trabajador lo asumió y no recurrió porque conocía que no estaba permitido. El procedimiento fue archivado y tanto el educador en su procedimiento que fue absuelto, como las religiosas en la instrucción que fue inmediatamente sobreseída en Segorbe por supuesta obstrucción, quedaron apartadas de cualquier sombra. Pese a lo cual aún ahora estamos estas semanas oyendo desde la portavocía del gobierno valenciano que el despido del trabajador fue un pacto para ocultar pruebas, lo que no sólo no es cierto sino que es además una grave acusación de haber incurrido en un delito de obstrucción a la administración de justicia
Con el tiempo hemos visto que a la vez pasaban otras cosas en otros centros concertados también con la Generalitat. Pero aplicando la presunción de inocencia a todo el mundo, no entiendo cómo para el centro de Segorbe se extremaron con tanta visceralidad medidas de cierre y traslado de los niños, que luego los tribunales han declarado ilegales y contrarias a Derecho, y en otros centros al tiempo y ante denuncias de abusos sexuales, ni siquiera se adoptaron medidas de protección de los menores o se iniciaron procedimientos de inspección o sanción. Parece ser que el Derecho no se aplica de igual forma a todos en la Conselleria de Igualdad.
Usted defiende a Paco Camps, que denuncia ser víctima de una persecución.
Está perseguido desde antes de su dimisión en 2011, concretamente desde que estalló Gurtel en 2009. Y no olvidemos que en julio de 2011 dimitió como Presidente de la Generalitat tras recabar del electorado la mayoría absoluta y el número de votos más elevado de la historia hasta la fecha. ¿Quién ha dimitido, salvo él y Mariano Rajoy, al que por cierto nadie condenó? Pese a la absolución del señor Camps en el TSJCV, confirmada por el Tribunal Supremo, aún hoy sigue perseguido por haber sido Presidente de la Generalitat Valenciana, y hoy más de 10 años después, continúan abriéndole causas la propia Abogacía, al Servicio de la Generalitat, o la acusación pública, por razones por las que insospechadamente a otros dirigentes de otros partidos en la misma situación ni siquiera se atreven a poner en cuestión. Resulta incomprensible en un Estado de Derecho y en una administración justa.
