Una vivienda en construcción. EPDAEl gobierno de la Generalitat Valenciana en funciones ha impulsado este lunes la Ley de la Vivienda que ha paralizado la venta de centenares de casas en el territorio valenciano, según ha podido saber El Periódico de Aquí de varias notarías y una agencia inmobiliaria. Desde el lunes el comprador/arrendatario debe cumplir una serie de requisitos que antes no se exigían, ha explicado Juan Luis Maronda (Marondaabogados.com). Esto supone que en el mejor de los casos se van a retrasar o incluso paralizarse las ventas previstas.
Este caso afecta a las Viviendas de Protección Oficial (VPO) mientras tengan vigente dicha protección. Hasta ahora, sólo se verificaba que el precio de venta fuera libre (una cuestión que sigue siendo así, tanto en el precio de venta como en el del alquiler) y sólo había que solicitar la información al PROP y que éste lo verificara. ''El periodo de protección no afectaba en nada, puesto que los notarios no exigían que el comprador cumpliera los requisitos para la adquisición de vivienda VPO'', señalan desde una inmobiliaria afectada ya por dos clientes, que han visto paralizada la venta de sus viviendas, en uno de estos casos un matrimonio de 86 y 87 años. ''Estamos todos los agentes de cráneo con esto. En el Registro de la Propiedad hoy he ido a preguntar y me han dicho que no han parado de preguntarles inmobiliarias por el tema'', ha añadido. En una de las consultas el notario ayer martes me ha dicho por correo: ''Para las viviendas de PROTECCION OFICIAL, la nueva normativa obliga a que estén inscritos como DEMANDANTES DE VIVIENDA, si no aportan la solicitud de inscripción y la autorización de la Conselleria, no pueden comprar. Como es una normativa que salió este lunes, no te puedo informar de los trámites porque a fecha de hoy los desconozco; simplemente hemos suspendido las firmas de VPO''.
La orden llegó el viernes 16 de junio. ''Se les exige el cumplimiento de los compradores de estar inscritos como demandantes en el Registro de la Generalitat y, además, cumplir con los requisitos para ser compradores. Según me dice la oficial, el motivo es porque ha habido colectivos que han estado presionando para que esta norma se cumpliera''. Se trata de una medida que procede del decreto 68/2023 de 12 de mayo.
Una medida que perjudica a cientos de vendedores y que no está claro que beneficie a compradores potenciales si la banca sigue exigiendo un 20% del pago por parte del comprador del precio final de la vivienda, cantidad a la que hay que sumar una serie de impuestos, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, notaría, etcétera.
Otro notario con el que ha contactado El Periódico de Aquí, de Paiporta, ha señalado que ''la normativa sobre transmisión de VPO que han publicado es muy confusa. Muy deficiente desde el punto de vista técnico-jurídico. La calidad del BOE y del DOGV últimamente es lamentable. Crea inseguridad jurídica y perjudica la economía''.
