Un problema social de esta envergadura debería ser la prioridad absoluta de todos los responsables públicos por encima de cualquier otro. Se trata de dramas personales con familias enteras abocadas a la miseria. Sin embargo, tanto el gobierno actual como el anterior han promulgado sucesivas reformas laborales cuyo planteamiento es la precarización del trabajador y la facilidad en el despido.
Evidentemente, los resultados no podían ser otros que los que se han producido en términos de incrementos cada vez mayores del número de desempleados y con una derivada especialmente preocupante: el paro de larga duración sin perspectivas de retorno a la actividad laboral.
El tramposo espejismo del crecimiento económico en España al amparo de la burbuja especulativa inmobiliaria absorbió mano de obra nacional e inmigrante sin cualificación en enormes cantidades pero las ha expulsado con facilidad. Ahora que la construcción y sus actividades auxiliares se han hundido las perspectivas de este colectivo son muy oscuras ya que están especializados en una actividad que difícilmente remontará a unos niveles ni siquiera cercanos a lo que llegaron a significar.
Especialmente dura es la situación de los trabajadores de más de 55 años a los que las empresas ven como improductivos pero tampoco debemos olvidar a los jóvenes que salieron del instituto sin culminar su formación básica atraídos por un dinero fácil. Las mujeres también son victima de la crítica situación del mercado laboral ya que se incrementan las prácticas discriminatorias por parte de las empresas.
La sociedad no puede dejar en la estacada a estos colectivos pese a que desde las instancias políticas y mediáticas neoliberales se les presenta como una especie de parásitos que solo buscan mantener su subsidio y que renuncian a la búsqueda de empleo. Esta semana, desde la Comisión Europea se ha ofrecido a España el retraso de un año en cuanto al cumplimento de los siniestros objetivos de reducción del déficit. Una de las contrapartidas es el endurecimiento de las condiciones de acceso y duración de la prestación por desempleo.
Hay
que dejar claro que la prestación es un derecho, no una limosna que se
le da al desempleado. El trabajador cotiza para tener esa cobertura.
Nadie debería entrar a cuestionar este derecho porque cualquiera puede
necesitarlo y más en estos momentos.
Por otro lado se deben buscar y estimular fuentes de actividad
económica productiva que generen puestos de trabajo. No serán
actividades tan intensivas en mano de obra como la construcción pero
posiblemente den lugar empleos más estables.
En este sentido consideramos que
Ese es el empeño que debe unir ciudadanos y responsables políticos y no las reformas y recortes impuestos por un gran capital que solo busca su beneficio pisoteando un derecho fundamental como es el derecho al trabajo. Solo desde lo público puede venir el impulso para generar actividad. Si los recursos de todos van a los inacabables agujeros de las entidades financieras estaremos condenando a millones de trabajadores españoles a la desesperación.
