AP-7 sin peaje. EPDA2020 se ha estrenado con la abolición del peaje en la autopista AP-7, la que vertebra de norte a sur la Comunitat Valenciana y, en realidad, todo el Mediterráneo español. Una gran noticia para las poblaciones costeras entre Gandía y El Campello. Algunas, como Oliva, celebraron fiesta en las horas previas al levantamiento de barreras. Pocos que no hayan circulado por su término municipal recorriendo a paso de tortuga la carretera nacional que lo atraviesa imaginan la tortura que debe haber sido ver pasar a diario por el centro del pueblo a tantísimo camión que huía del peaje para abaratar costes.
La medida, prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez y largamente aplazada por los gobiernos del PP, llega con la autovía paralela y desde siempre gratuita de la A-7 en trance de ser acabada. Ahora tendremos dos vías de alta capacidad para vertebrarnos, y un problema de nomenclatura porque en puridad las dos deberían ser conocidas como A-7 una vez desaparecido el peaje y su identificativa 'P'. De momento los nombres se quedarán como estaban.
El problema importante ahora es otro: el del mantenimiento de la autopista, que estaba a cargo de la concesionaria, y que pasa a ser responsabilidad del Estado. El costoso mantenimiento de las autovías en general -unos 1.100 millones de los Presupuestos Generales del Estado- llegó a suscitar una acalorada polémica el pasado verano, que desde luego es cíclica, y que promete volver a ser recurrente en cuanto baje el suflé de la gratuidad de la autopista del Mediterráneo, medida que además ha coincidido con un encarecimiento de los peajes en las autopistas en las que aún se paga por uso. Y ése es el gran debate de fondo, quién debe pagar por las autovías: ¿los usuarios, como en las autopistas, o todos los contribuyentes a través de los PGE?
Como es bien sabido, las serpientes de verano son una especie protegida y alimentada por los gobiernos de España desde que el mundo es mundo. Y en 2019 el globo-sonda elegido fue el de la imposición de tarifas por circular por autovías. La medida tendría aristas constitucionales allá donde las autovías sean carreteras nacionales reconvertidas porque no quedaría garantizado el desplazamiento libre entre municipios al no existir siquiera esa alternativa.
En el caso que nos ocupa, con la liberación de la AP-7 -que sí tiene a la N-332 en parelelo- podría darse el curioso caso de que en un futuro se hubiera de pagar por circular por la A-7 (antigua N-340, que sigue siéndolo desde el aeropuerto de Castellón hacia el norte), que no tiene alternativa. Es decir, los valencianos que se desplacen a Jávea lo harán sin coste y los que circulen entre la capital y Ontinyent tendrían que pagar. Beneficios para la costa y perjuicios para el interior vaciado o en proceso de vaciado. Naturalmente también saldrían más perjudicados los vecinos de los pueblos, que necesitan ir a ciudades mayores para la consulta del médico o la compra en el supermercado porque en su término municipal no cuentan con todos los servicios necesarios.
Costa versus interior
El ministro de Fomento, el torrentí José Luis Ábalos, dio aún más alas a la polémica al quejarse de que en unas zonas de España haya que pagar peajes por el uso de autopistas casi para cualquier desplazamiento (sin duda estaba pensando en Cataluña), y en otras los ciudadanos cuenten con autovías gratuitas por las que moverse. 260.000 vehículos entran en Valencia cada día por la V-30, V-31, V-21, V-23, A-7 o By Pass, y A-3, según datos del Ayuntamiento de 2017. El número dos del PSOE llegó a decir que "los abuelos que dejan de conducir no las usan, ni los niños y los trabajadores, como mucho del domicilio al trabajo. ¿Pero y el resto? Cuando viajamos, de vez en cuando". Quizá por esa regla de tres Acció Cultural del País Valencià no debería recibir subvenciones por valor superior a su número de usuarios, por ejemplo.
Desde Andalucía, Moreno Bonilla le recordaba al ministro que las autovías han sido construidas con nuestros impuestos. El gallego Núñez Feijóo reducía el caso a una "propuesta de un Gobierno en funciones". Y el conseller valenciano Arcadi España, correligionario de Ábalos, dijo que pondrá "como siempre en primer lugar, los intereses de los ciudadanos, así como el de los transportistas". Transportistas que, naturalmente, alertaron sobre la pérdida de competitividad de los productos españoles, que usan más estas vías por ser país periférico. Cuatro meses después, ya estrenado 2020, la llamada 'Eurocomisión' ha aplazado este debate, abierto también en el conjunto de la Unión Europea, por falta de acuerdo.
La serpiente de verano murió, el Gobierno ya no está en funciones, necesitará dinero para sus planes, y la A-7 sigue siendo gratuita. Y 2020 también tendrá un verano.
