La Sala detalla que, de la prueba practicada, queda acreditado que este cultivo compartido ?carecÃa de control sobre el destino que pudieran dar dichos socios al cannabis?, lo que conlleva un riesgo ?real y patente de difusión del consumo?. EFE
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a tres años de cárcel al presidente y a dos al tesorero y secretario de una asociación para el estudio del cannabis de Gandia, por considerarles responsables de delitos contra la salud pública y asociación ilÃcita.
Según consta en la sentencia, hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la sala contempla para los tres penados la circunstancia atenuante de drogodependencia, que aplica en ambos delitos.
La sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, ordena la disolución de la agrupación y acuerda la destrucción de la droga intervenida.
Los tres condenados pertenecÃan a la "Asociación de Usuarios para el estudio terapéutico del cannabis, A.E.C"con sede en una nave industrial de Gandia, alquilada desde diciembre de 2013.
En las instalaciones habÃa dos estancias separadas, ambas con focos, ventiladores, extractores y sistemas de riego para el cultivo.
La PolicÃa Judicial realizó el 27 de marzo de 2017 una inspección a la sede de la entidad y localizó 73 plantas de tamaño mediano, con un peso seco útil de más de un kilogramo. En el mercado ilÃcito, esta cantidad se habrÃa vendido por 5.600 euros. Los agentes también localizaron 147 plantones de cannabis, por un valor de 230 euros.
Según relata la sentencia, los estatutos de la entidad establecÃan como objeto y fines "informar a los afiliados sobre las cuestiones relativas al cannabis desde el punto de vista cientÃfico, médico y legal".
También defenderlos y asesorarlos legalmente o realizar cursos de formación, talleres, exposiciones o charlas de interés cultural o lúdico, entre otros.
La sentencia recoge que la agrupación se dedicó al cultivo compartido de las plantas, su secado, procesado y distribución entre los socios, actividad que no figura entres los fines y objetivos fundacionales de la entidad.
La Sala detalla que, de la prueba practicada, queda acreditado que este cultivo compartido "carecÃa de control sobre el destino que pudieran dar dichos socios al cannabis", lo que conlleva un riesgo "real y patente de difusión del consumo".
Según la resolución, los ahora condenados argumentaron que creÃan que estaban actuando conforme a la legalidad ya que se habÃan asesorado legalmente, sobre todo tras una primera intervención policial que se realizó en la sede de la asociación en el año 2015.
No obstante, el Tribunal concluye que sabÃan que el cultivo era ilegal y excedÃa "en mucho los fines por los que fue creada la asociación y la autorización de su creación y registro".
