La consellera de Transparencia y coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo. EFE-ArchivoLa consellera de Transparencia y coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo, ha lamentado el "calvario" que pasan quienes, como ella, denuncian la corrupción y se enfrentan "a los corruptos".
En un comunicado, Pérez Garijo ha respondido así después de que Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", la acusara este viernes de alcanzar un pacto ilícito para obtener la información que permitió abrir la investigación el caso que lleva el nombre de la citada empresa pública de la Diputación.
Según ha declarado Benavent, Pérez Garijo, siendo diputada provincial de EU, llegó a un pacto "oscuro" con su exsuegro, Mariano López, a cambio de que éste le facilitase las grabaciones que dieron pie al llamado caso Imelsa.
Benavent ha declarado en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y, según ha detallado al término de esta comparecencia, ha pedido que sean llamados a declarar tanto Pérez Garijo como el actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar, y el exdirigente socialista José Manuel Orengo.
En esta pieza separada del caso Imelsa se investiga el amaño del contrato del servicio de atención telefónica en favor de la empresa Servimun, controlada por el citado exsuegro de Benavent, Mariano López.
"Las acusaciones que ha realizado Marcos Benavent en sede judicial son falsas y sumamente graves. Y anuncio que estoy estudiando la interposición de una querella criminal por atentar contra la verdad y contra mi honor", ha declarado en su comunicado la consellera.
"Como diputada en la oposición, voté en contra de la externalización del servicio del Call Center, expediente que solicité en reiteradas ocasiones en el marco de la función de la fiscalización que ejercí en la Diputación de Valencia. Esquerra Unida, además, fue el único partido que defendía la gestión directa de este servicio", ha señalado.
También ha defendido que, como diputada miembro del equipo de gobierno de la Diputación, logró "la paralización de la renovación del contrato, que finalmente no llegó al pleno", así como que se "internalizara la gestión de forma que fuera ejercida directamente por la administración de la Diputación".
"Como denunciante del caso Taula, he sufrido la interposición de cinco querellas, todas archivadas, y a esta situación se suma el calvario que pasamos las personas que denunciamos la corrupción y nos enfrentamos a los corruptos", concluye el comunicado.
