El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez ( 2º izq) a su llegada a los juzgados por el caso Alquería, en una imagen de archivo. EFE- Manuel Bruque
La interventora de la Administración General del Estado y dos peritos del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros (COSITAL) han constatado este viernes ante la jueza que no hubo expediente de contratación de altos directivos en Divalterra y que se incumplieron los preceptos de igualdad, mérito y capacidad.
Sin embargo, han expresado puntos de vista diferente en cuestiones de trascendencia en esta causa, como si se debió haber dado transparencia y publicidad al proceso o sobre la trascendencia jurídica de la existencia de un consejo de dirección informal que se reunía de forma previa a los consejos de administración de Divalterra.
Estos especialistas ha comparecido de forma conjunta en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra el expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez y otras trece personas que están acusadas de haber realizado varios contratos de alta dirección supuestamente irregulares.
La interventora de la IGAE ha asegurado que "no existía expediente de contratación" de los altos directivos, tampoco se justificó la necesidad de su incorporación, sus funciones, y "sobre todo qué requisitos tenían que cumplir"
Ha coincidido con el resto de peritos en que en estas incorporaciones se incumplió el principio de igualdad, porque "ninguna otra persona tuvo ocasión de presentarse", y también los de mérito y capacidad, "puesto que no se motivaron las funciones a desarrollar".
Además, ha asegurado que "en 2015 no se podía contratar, la ley era clara, solo en casos excepcionales de una necesidad inaplazable, que en este caso no se justificó. Si había algún informe no se nos aportó".
Ha declarado, asimismo, que a diferencia de las contrataciones de altos directivos realizadas en 2015, las de 2018 sí que pasaron por el consejo de administración de Divalterra.
A su juicio, "se intentó dar apariencia de legalidad a estas incorporaciones bajo la modalidad de contratos de alta dirección. Se contrató a unos señores predeterminados y se les dio un puesto de trabajo".
El resto de peritos han coincidido en que se incumplieron los principios de igualdad, mérito y capacidad pero han discrepado sobre la necesidad de haber aplicado los principios de transparencia, publicidad y profesionalización de la administración.
Otro de los puntos de desacuerdo entre los peritos ha sido la existencia de un consejo de dirección, de carácter político, previo a los consejos de administración de Divalterra.
Mientras que la técnica de la IGAE ha afirmado que el consejo de dirección es un organismo que no se contempla en los estatutos de la empresa y, por tanto, irregular, los peritos de COSITAL han opinado que no ven ningún ilícito. "Ese consejo de dirección no adopta ningún acuerdo. Además, en las sociedades publicas existen órganos de coordinación no formalizados, sin convocatoria ni actas".
Por otra parte, la interventora de la IGAE ha señalado una posible "cesión ilegal de trabajadores" por parte de Divalterra al Patronato de Turismo de la Diputación; ha señalado que la actividad económica de Divalterra no aumentó tras las contrataciones de directivos y que estos altos cargos "no tenían competencias en materia de personal, ni para obligar a la sociedad frente a terceros, ni facultades de representación".
En definitiva, ha insistido, no existe evidencia, a su juicio, de que este grupo de contratados realizase funciones de alta dirección.
