Una de las publicaciones exclusivas donde se explicaba la tela de araña de la corrupción tejida por Sancho.
Sancho durante uno de los juicios a los que se ha enfrentado.Ni su paso por la cárcel -de donde vino escoltado por dos policías nacionales hasta la Ciudad de la Justicia de València- le ha servido para ganar humildad al que fuera todopoderoso secretario municipal de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere. Tras suspenderse el último día de juicio de la pieza del Consorcio de Museos de la 'trama de las asesorías' por la huelga de funcionarios el pasado martes, ayer jueves tenía lugar la última vista, en la que el fiscal confirmó su petición de pena de 6 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, la misma que para su ''compinche'' en su calidad de interventor del Consorcio de Museos. Sancho, además de volver a defenderse a sí mismo, utilizó su último turno de palabra para aludir a Pío Baroja y repetir aquello de que ''el abogado que se defiende a sí mismo tiene a un burro por cliente''.
El asno poeta tuvo, además, espectadores de excepción: su mujer y dos de sus hijas, así como una de las vástagas de Rafael Parra Mateu, amén de dos policías nacionales sentados en primera fila vigilando que el reo no fuese más burro de la cuenta y optara por darse a la fuga.
A ambos el fiscal les acusa de haber urdido un sistema para ''saquear'' el Consorcio de Museos, a través de tres empresas controladas por Sancho: su chiringuito financiero conocido como Academia Valenciana de Juristas, Asesores Profesionales y Millena III Milenio, firma que realizaba, además, asesoramiento urbanístico en Canet. Como en las otras, Sancho no figuraba con ningún cargo, pero controlaba todos los correos electrónicos y las cuentas bancarias, como ha acreditado la Guardia Civil y repasó ayer el fiscal anticorrupción. En el caso de Millena el hombre de paja es Juan José Sánchez, con concesiones municipales suculentas en Canet d'En Berenguer. Esta firma merece un apartado exclusivo en ediciones próximas de El Periódico de Aquí.
El fiscal volvió a mostrar una dureza inusitada, utilizando términos como ''saqueo'' y repasando el 'modus operandi'. Básicamente, se emitían facturas sin ningún tipo de control a cargo de las tres empresas controladas por Sancho, con un reparto del dinero por trabajos no realizados o con costes inflados, y cuyos beneficios se repartían entre los dos presuntos cabecillas. Sancho ganaba dinero a través de la Academia Valenciana de Juristas, Millena III Milenio y Asesores Profesionales y Parra Mateu se quedaba con una parte a través de pagos de Asesores Profesionales a su empresa, Asesores Económicos Públicos. A esta conclusión llega tras una ardua investigación de la Guardia Civil, el rastreo de las transferencias bancarias y el volcado del contenido de los discos duros de ordenadores pertenecientes a los acusados. ''La contrtación efectuada -entre los años 2007 y 2009- no siguió la normativa reglamentaria'', se señala en la acusación y, para certificarlo declararon como testigos del Ministerio Fiscal una interventora y una secretaria, quienes ratificaron lo señalado en un informe previo en el que se criticaba que no había ninguna factura conformada. ''Es necesario para poder acreditar los servicios realizados'', señalaron, así como también el hecho de que no existiera ningún expediente administrativo.
La defensa de Parra Mateu aseguró que con la contabilidad y el pago de las facturas era suficiente y, como mucho, habló de ''irregularidad administrativa'', pero en ningún caso ninguno de los delitos aludidos por el fiscal. En el escrito de acusación, el fiscal señala que la contratación con las empresas de Sancho ''no responde a los principios básicos de la contratación pública, siendo omitidos todos y cada unos de los requisitos. Ello ha sido posible porque el acusado, Rafael Parra, era el interventor, que con desprecio absoluto a la función pública preparó todos los documentos para que pudier hacerse efectivo dicho pago a la sociedad Asesores Profesionales, controlada por su compinche, José Antonio Sancho Sempere. Una vez obtenido el dinero en las cuentas de Asesores Profesionales, el dinero era ingresado en la cuenta de Asesores Económicos Públicos, sociedad perteneciente al acusado Rafael Parra (...) y así fueron transfiriendo desde el 28 de febrero de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2007 la cantidad de 24.365,17 euros en cantidades mensuales de 2.441 euros y la primera y 2.436 las siguientes''.
El Fiscal Anticorrupción pidió ayer que sea sólo José Antonio Sancho quien pague los desmanes cometidos mientras controló la Academia Valenciana de Juristas hasta febrero de 2016 para saquear administraciones públicas, entre ellas el Consorcio de Museos, cuya pieza quedó ayer vista para sentencia. De esta manera, solicitaba al juez que quienes fueran miembros de la misma y ocuparan incluso cargos dentro del organigrama -pero controlados y dirigidos por el ex secretario municipal de Canet- no tuvieran ninguna responsabilidad civil, así como tampoco el nuevo presidente desde febrero de 2016, Gonzalo Ortega.
La AVJ y Sancho, implicados en varios procesos, han perjudicado a personas como José Ramón Llopis Cotanda, Juanje Gilabert, Juan José Sancho Moscardó y José Ignacio Maruenda, todos ellos considerados víctimas de Sancho, el 'capo' de esta empresa y otras investigadas, como Millena III Milenio y Asesores Profesionales. ''La Academia Valenciana de Juristas se siente perjudicada. Era Sancho quien la controlaba y todo el dinero recaudado lo tiene Sancho, por lo que pedimos que la condena sea sólo para Sancho Sempere'', una solicitud a la que sumó el abogado de la AVJ, Ignacio Torres
