Ayuntamiento de Benissanó, en una imagen compartida por la institución en su web.La fiscalÃa pide seis años de prisión y otros tantos de inhabilitación para Isabel Castellano (PP), exalcaldesa de Benissanó (Valencia), a quien la Audiencia de Valencia ha juzgado este lunes por supuestamente defraudar al Ayuntamiento un total de 147.000 euros entre los años 2007 y 2011 a través de una trama de facturas falsas.
El Ayuntamiento de Benissanó, bajo el mando de la citada inculpada, formó parte presuntamente de una trama de facturas falsas para expoliar el presupuesto público de la corporación.
Esta trama, aparentemente, se extendió a otros ayuntamientos, y estaba encabezada por un funcionario a quien también se ha juzgado hoy, Rafael Parra, según el fiscal.
Los dos principales acusados son considerados por el fiscal responsables de delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público. Otros dos funcionarios, dos ex secretarios interventores del citado Ayuntamiento que también están acusados, son considerados cómplices.
Según la acusación, la exalcaldesa, con la cooperación de los otros inculpados, adjudicaba trabajos y encargos "de forma verbal, sin precio alguno, ni constancia alguna de lo que se estaba contratando" a una sociedad, Asesores Económicos Públicos, controlada por Parra, interventor y funcionario en Chiva (Valencia).
Parra está implicado en hechos parecidos dentro de otros sumarios y es considerado cabecilla de la llamada "trama de asesorÃas".
La mecánica de la supuesta trama consistÃa en abonar facturas a Asesores Económicos Públicos S.L., que no tenÃa contrato con el Ayuntamiento, "por conceptos vagos y genéricos y sin fijar un precio cierto" y "al margen de las contrataciones previstas en la legislación", siempre según el fiscal.
Parra ocultaba su condición de funcionario, según el fiscal, por lo que no solicitó ningún permiso de compatibilidad administrativa, y nombró administradoras de esta empresa a familiares suyas.
La sociedad carecÃa de trabajadores, pese a que en los mismos periodos realizaba facturaciones a otros ayuntamientos en idénticas circunstancias, sin ningún tipo de expediente administrativo, según el fiscal.
