Pilar Bernabé, en una entrevista. EFELos Presupuestos Generales del Estado (PGE) tienen mucha letra pequeña que hay que saber leer, porque si no te lleva a error y lo más fácil es hacer demagogia. Algunas declaraciones critican los 9,6 millones para las obras sobre las que me preguntas. Lo primero es que la inversión global para el túnel pasante y el canal de acceso de València en 2023 es de 99,8 millones de euros, no de 9,6 millones. ¿Y de dónde sale todo esto? Bueno, vayamos a la letra pequeña: hay una partida de Adif para Cercanías de 48,9 millones; otra partida del Mecanismo de Resiliencia que sube a 27,7 millones y la partida de Alta Velocidad con 23,2 millones, que recoge obras relacionadas con el canal y el túnel pasante. Es decir, la inversión que va a estos dos proyectos está distribuida entre partidas genéricas de Adif y Adif Alta Velocidad y no solo los 9,6 millones que aparecen escritos como tal para el canal ferroviario y el túnel. Desatascar estas obras es una prioridad para el gobierno progresista de Pedro Sánchez. Y tras años languideciendo en los cajones con el gobierno del PP, ahora se garantiza que estas infraestructuras tan necesarias y transformadoras de la ciudad se pondrán en marcha en 2023.
El proyecto está encima de la mesa. El Gobierno de España lo tiene en cuenta y está en fase de estudio. En planificación ferroviaria se va a continuar en 2023 con la tramitación del estudio informativo sobre la prolongación sur del túnel de Serrería.
La hoja de ruta a seguir es trabajar con el Ministerio y la Generalitat en acuerdos sobre la financiación y las transferencias para que pueda haber una mejora en la inversión en los espacios culturales de la Comunitat. Es una asignatura pendiente, y sé que destinar 100.000 euros al Museo de Bellas Artes de València, la segunda pinacoteca del Estado, no cubre las expectativas ni las necesidades. Es necesario poner el asunto sobre la mesa y acercar posturas entre el Gobierno de España y el autonómico en materia de inversiones para los contenedores culturales que acoge la Comunitat.
No voy a hacer política-ficción sobre si el nuevo modelo de financiación estará antes de que acabe esta legislatura. Lo que sí te puedo decir es que los valencianos y las valencianas necesitamos que se reformule el actual sistema de financiación. No es un asunto fácil y nos encontramos con las trabas que continuamente pone la oposición a cualquier intento de mejora. Sí que te puedo decir que el Gobierno de España asume esta necesidad que tiene la Comunitat Valenciana y que tantas veces ha trasladado el president Ximo Puig al presidente Pedro Sánchez. Una reivindicación que, por otra parte, se ha visto plasmada en los PGE de 2023, con un aumento del 71% en las cuentas del Estado para la Comunitat Valenciana respecto a los últimos presupuestos de Rajoy.
Aquí no es cuestión de valentía, que el Gobierno también la tiene. Es cuestión de apoyos, de diálogo y de consensos. Si quieres construir un modelo de financiación que haga a todas y todos ciudadanos de primera, necesitas que la oposición también quiera trabajar en esa línea. Y, a la vista está, la bancada contraria al Gobierno no tiene mucha intención. La voluntad de dialogar del PP y sus aliados de extrema derecha ha sido y es más bien limitada. Lo que sí te puedo decir es que el ejecutivo de Pedro Sánchez no da la espalda a este problema de la financiación.
De momento el Gobierno de España está trabajando sobre el sistema de financiación. Y es ahí donde necesitamos concentrar todos los esfuerzos y la capacidad de diálogo. E insisto, todos los grupos parlamentarios han de estar implicados en este objetivo de la mejora del sistema de financiación que, en el caso de la Comunitat, tanto necesitamos.
Antes que nada, quiero decir que me hago cargo de la situación vivida por las personas afectadas por el incendio del tren a su paso por Bejís, y que lamento mucho lo ocurrido. Es por ello que entiendo la preocupación del secretario autonómico de Emergencias, dado que fue una situación muy grave, y comprendo perfectamente que se pida más para garantizar la seguridad del pasaje del tren. Y creo que debemos coordinarnos todas las administraciones y trabajar en la línea de incrementar simulacros de situaciones problemáticas generadas en el exterior de los vagones, para lograr un mejor entendimiento y conocimiento. Igualmente es importante reforzar la información a los usuarios y usuarias, y que identifiquen a los maquinistas como únicos interlocutores válidos. Incluso se pueden incluir algunas medidas en la Ley del Sector Ferroviario que está en curso.
Desde el principio, y tal y como dijo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha actuado con total transparencia. El mismo día que tuvo lugar el suceso el Gobierno de España se puso a trabajar con las instituciones implicadas para ver cómo aplicar mejoras en incidentes con el tráfico ferroviario. Además, hay una investigación judicial abierta para esclarecer qué pasó y cómo pasó. Una vez se tengan los informes y todo lo que se derive de dicha investigación, también podremos establecer nuevos mecanismos o mejorar los existentes, si es el caso, para dar una respuesta más rápida y eficaz ante situaciones de emergencia como la que sucedió en el tren de Bejís.
Desde la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana tenemos diálogo constante con Adif sobre los AVE Alicante-Madrid y València-Madrid. El cambio de parada de Atocha por Chamartín va a ser temporal y afecta tanto a la capital alicantina como a la valenciana, hasta que finalicen las obras de adaptación y ampliación de la capacidad de la estación de Atocha. Desde el Gobierno de España siempre se ha trabajado por encontrar una solución que pueda dar servicio a la conexión ferroviaria con Madrid mientras se realizan las obras. Y dicha solución es que hay dos servicios diarios, dos de ida y dos de vuelta, del recorrido Orihuela-Elche-Alicante-Villena-Madrid que tienen origen y término en Atocha. En cuanto a València, a partir de diciembre, también se verá afectada por el cambio de inicio y fin del trayecto en Chamartín aunque, al igual que Alicante, mantendrá dos servicios con parada en Atocha. Quiero recordar que la estación pasante de Atocha fue una actuación que el anterior Gobierno del PP no impulsó lo suficiente, hasta el punto de suspender el contrato para la redacción del proyecto. Pero el gobierno progresista de Pedro Sánchez quiere dar solución ya y agilizar estas obras para poder dar el mejor servicio a los viajeros de la Comunitat que quieren conectar con Madrid y que, una vez finalicen las obras, van a poder elegir el final de destino entre Chamartín y Atocha.
El año pasado hubo un total de 194 denuncias por delitos de odio en la Comunitat Valenciana. De ellas, 52 fueron por la orientación sexual y 51 por racismo y xenofobia. Cifras que recogen un aumento del 28,5 % de los delitos de odio en la Comunitat. Y ante las que el Gobierno destina todos los recursos que tiene a su alcance para perseguirlos. Precisamente, España es uno de los pocos países en el mundo que ha desarrollado planes específicos de lucha contra esta tipología delictiva que socava la coexistencia normal y pacífica. Me refiero al II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2022-2024 que actualmente está en marcha. Y sobre las agresiones sexuales, insisto en lo que dije el día de mi toma de posesión como Delegada: urge aumentar la formación de los jóvenes, con el objetivo de evitar agresiones sexuales y saber cómo actuar. La prevención de estos delitos no puede venir solo de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Desde el Gobierno de España nos ponemos a disposición de la Generalitat para trabajar en materia educativa y aportar el plan director de la Guardia Civil y de la Policía, y formar a los más jóvenes sobre lo que concierne a las relaciones sexuales. Y también tenemos otros mecanismos para actuar contra las agresiones sexuales como el Pacto Estatal de contra la Violencia Machista o la Ley del 'solo sí es sí'.
Ha sido un 9 d'octubre del que todos y todas las valencianas podemos estar orgullosos. El dispositivo de seguridad ha funcionado de manera efectiva y correcta. Es un éxito colectivo que nos merecemos como ciudadadanía de la Comunitat. No ha habido incidentes y todo el mundo ha podido disfrutar en todo momento de los actos programados, desde la procesión cívica hasta las manifestaciones de la tarde.
¿Considera suficientes el número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la Comunitat? ¿Cuáles son las cifras?
Dentro de la apuesta por la seguridad, y con el refuerzo de verano, la Comunitat Valenciana ha alcanzado un récord histórico en el número de efectivos de las FCSE, con 14.644 agentes, 7.195 de Policía Nacional y 7.449 de Guardia Civil. Y de los 14.644 agentes de policía y guardias civiles, que actualmente prestan servicio en la Comunitat Valenciana, hay 252 más con respecto a los 14.392 que, en 2011, marcaron el anterior record de efectivos. La Comunitat Valenciana es la comunidad autónoma que más ha incrementado el número de efectivos en los últimos cuatro años, revirtiendo la tendencia de esta falta de personal que llevó el Gobierno del Partido Popular durante sus años de mandato. Evidentemente, a pesar de tener unas cifras más elevadas de efectivos, siempre hay margen de mejora. Y el Gobierno de España, al que represento, pone su empeño en ello, como en el del incremento de la presencia de la mujer en las plantillas de policía y guardia civil para lo que ya se han adoptado algunas medidas como la reserva de plazas para mujeres en las convocatorias de guardia civil en 2023 o eliminar el requisito de la altura.
La Policía Nacional se desvincula totalmente de ese reconocimiento porque no se corresponde con los valores democráticos que representa el cuerpo. Y dicho esto, el expediente que se abrió al comisario de Paterna sigue su proceso para depurar las responsabilidades en las que haya incurrido, por no atenerse a los cauces reglamentarios para la concesión del reconocimiento. La resolución final será consecuencia del procedimiento abierto.
