El presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, Manuel Marco Cos. EFE-Archivo
Para la presidencia de la Audiencia de València, Rojo Beltrán ha obtenido el respaldo de 11 de los 21 miembros del Pleno del CGPJ, mientras que la magistrada MarÃa Dolores Hernández Rueda, ha obtenido 10 votos.
La nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia ingresó en la carrera judicial en 1996, siendo sus primeros destinos judiciales los juzgados de primera instancia e instrucción 2 de Denia (Alicante) y 5 de Reus (Tarragona).
En junio de 2005 se trasladó como magistrada al juzgado de lo penal 14 de Valencia y en abril de 2013 pasó como refuerzo a las secciones penales de la Audiencia Provincial de Valencia.
Desde junio de 2018, Pilar Esther Rojo Beltrán estaba destinada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia.
En el ámbito docente, la nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia ha sido profesora en el módulo de Derecho Penal y Práctica Procesal del Máster de AbogacÃa de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Ha sido asimismo profesora de Derecho procesal Penal en la Escuela de Práctica JurÃdica del Colegio de Abogados de Reus.
Para la presidencia de la Audiencia de Castellón, Marco Cos, único candidato y que desempeña el cargo desde 2014, ha obtenido el apoyo unánime de los 21 miembros del Pleno.
El presidente de la Audiencia Provincial de Castellón ingresó en la carrera judicial en 1986, siendo su primer destino el juzgado de primera instancia e instrucción de Vinarós, en la provincia de Castellón.
Tras ascender a la categorÃa de magistrado en el año 1989, José Manuel Marco se trasladó al juzgado de lo social 5 de Bilbao, pasando a ocupar plaza posteriormente en la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón.
Fue nombrado presidente de la sección tercera de dicha Audiencia en septiembre de 1998. Desde mayo de 2014 preside la Audiencia Provincial de Castellón.
Antes de ingresar en la carrera judicial por el turno de oposición libre, Marco Cos ejerció como abogado perteneciente al Colegio de Barcelona. Desde mayo de 1982 a marzo de 1986 fue Técnico Letrado de la Generalitat de Catalunya, ocupando la jefatura de Sección de Régimen Sancionador de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
Ha sido profesor asociado a tiempo parcial de la Universidad Jaume I de Castellón, en el área de Derecho Mercantil del departamento de Derecho Privado.
