Miguel Bailach.La Ley de Protección de la Huerta (también conocida como la Ley de Expropiación de la Huerta), está siendo un punto más de desencuentro entre el gobierno de la Generalitat Valenciana y sus socios parlamentarios (PSOE-CompromÃs-Podemos) y una gran parte de la sociedad civil, y más concretamente entre la gran mayorÃa de los agricultores y propietarios de los campos.
Ya se ha dicho que es una ley que nace sin ningún respaldo económico por parte del Consell, que no han contemplado NADA en los recientemente aprobados presupuestos de la Generalitat para este año que permita sacar adelante el objetivo "teórico" de esta ley que no deberÃa ser otro que proteger un espacio económico,
social, cultural y medio ambiental, por lo que ya de por sà deja sin efecto muchas de las medidas que propone. Hasta los dos sindicatos de agricultores (AVA-ASAJA y La Unió) están de acuerdo en este punto de falta de respaldo económico a esta ley.
Una ley que crea un Ente Regulador donde la presencia de los representantes de los agricultores es mÃnima, y donde no se tiene en cuenta a los propietarios del suelo para nada, no aparecen. Sindicatos agrarios: algunos, asociaciones de diversa Ãndole: varias (ecologistas, consumidores, de vecinos...) , administraciones
públicas: todas, (Varias Consellerias de la Generalitat, Diputación, ayuntamientos, órganos de gestión de los espacios protegidos) pero... y los dueños de los campos? Y los propietarios de los terrenos de cultivo?.
Ninguna mención en la ley a la hora de componer este Ente que será determinante a la hora de gestionar esta ley y el Plan de Acción Territorial que incidirá directamente en la huerta de Valencia. Y es que el gran problema de esta ley, y por tanto el principal punto de fricción que encontramos en ella, esta en su concepto mismo, el de considerar estos terrenos de cultivo (no olvidemos nunca: de titularidad privada), como un sector con una función social tal (la soberanÃa alimentaria y la función social de los cultivos) que permite a la Administración expropiar su uso en caso de que un terreno sea declarado por la Conselleria: suelo agrario infrautilizado. Con este argumento, más bien con esta excusa, ese Ente Gestor, formado por miembros con intereses encontrados en muchas ocasiones, podrá expropiar su uso y arrendar posteriormente un campo de
cultivo que esté infrautilizado (concepto ambiguo y sin aclarar por cierto en esta ley).
Un ataque directo a la propiedad privada y a la libertad, con una acción intervencionista y de tutela que se erige como una digna heredera del régimen comunista de Mao con su planificación y su visión colectivista de la agricultura; cuando en nuestra tierra, desde siempre, ha sido el agricultor, en su individualidad y
en libertad, quien ha decidido cuando, cómo y qué cultivar en función de la oferta y de la demanda del mercado libre.
El siguiente paso cuál será?. Será el de, amparados en el uso social de la vivienda, expropiar las casas desocupadas? (algunos ya lo han propuesto). Y por qué no expropiar los comercios que abastecen de alimentos básicos a la población? PanaderÃas, verdulerÃas, carnicerÃas...
A estas alturas algunos me dirán que o soy un exagerado o un alarmista... pero nada más lejos de la realidad. Con un lenguaje más actual, pero con unos conceptos del mediados del siglo pasado, está ley viola los derechos individuales de agricultores y propietarios en pro de una colectividad que, regentada por un Ente del
que no forman parte más que a través de los sindicatos agrarios (el que no esté sindicado ya puede darse por "perdido") permite usurpar el uso de estos terrenos a sus legÃtimos propietarios.
Esta idea además viene reforzada por el hecho de que la Conselleria de Agricultura, que debiera ser la que liderara está iniciativa, haya quedado al margen del desarrollo de esta ley y sea la Conselleria de Obras Públicas y Territorio quien la promueva. Y es que incentivar la actividad económica, el sector productivo y su desarrollo a futuro en nuevos mercados, es la única manera de hacer viable y verdaderamente sostenible una agricultura que está pidiendo a gritos no ya que la protejan, si no que le den oportunidad de ser rentable económicamente, y eso no pasa por el inmovilismo, la vuelta atrás en algunos casos y no evolucionar con el
argumento de "mantener" lo que tenemos. A alguien se le ocurrirÃa decirle a la Ford cómo construir sus vehÃculos, de qué manera, que lo hagan como se hacia hace 20 años y que renuncie a los avances por una cuestión de nostalgia o de estética... a que no... pues algo asà pasa con esta ley: que quiere proteger un hábitat olvidando que ese hábitat solo es posible si es rentable económicamente, y esta ley no tiene
visos de conseguirlo.
Y como siempre, hay que buscar un culpable de la situación actual, y como aquà ya hemos encontrado uno autóctono, para que irnos fuera a buscarlo?. El gran culpable: el urbanismo depredador de los últimos años auspiciado por el PP... pero alguien puede decirle a estos fenómenos que lo que se ha construido en estos años
de bonanza estaba amparado por los Planes Generales de Ordenación que la gran mayorÃa se hicieron y aprobaron con gobiernos de izquierdas. O quien aprobó el PGOU de Valencia, o el de Massamagrell, o el de Foios, o el de Alboraya, o el de la gran mayorÃa de los pueblos de la comarca allá por los años 90 y que después se han desarrollado con gobiernos populares pero bajo las directrices de unos planes previamente diseñados...
Y sabéis el por qué de esto? Porque es más fácil echarle la culpa a otros que trabajar en abrir nuevos nichos de mercado después de que Rusia ha vetado algunos de nuestros productos agrÃcolas? Porque es más fácil que promover medidas para la incorporación de jóvenes agricultores al campo. Porque mejorar las vÃas de comunicación que lleven los productos a nuevos mercados es atentar contra la huerta... porque algunos quieren proteger una huerta que lo dejará de ser si nos quedamos sin labradores, y éstos necesitan que sea rentable económicamente, si no, acabaremos protegiendo un jardÃn y no una huerta productiva que es lo que debe volver a ser.
