"Moncada no merece tener a concejales de su ayuntamiento acudiendo a los juzgados". Fue una de las frases que se escucharon en el debate plenario a colación de la moción aprobada por los partidos de izquierda de la corporación de Moncada (PSPV, CompromÃs, Guanyem y Acord) en la que se reclama la dimisión de los responsables polÃticos que, en los próximos meses, declararán como investigados en la causa abierta en el juzgado número 1 de Moncada por una operación realizada a través de la empresa pública Pemsa con el voto favorable de los ediles del PP durante la anterior legislatura.
En la propuesta, aprobada con los 13 votos de los concejales de izquierda frente a los 7 de PP y Ciudadanos, se alude a "la alarma creciente" que existe en Moncada debido a las publicaciones sobre la 'imputación' de todo el anterior equipo de gobierno, del que cuatro concejales forman parte en la actualidad de la corporación municipal. Se sostiene, entre otras cosas, que "cualquier cargo público deberÃa dimitir cuando existe una imputación en un procedimiento" y que "la presunción de inocencia pesa por encima de todo, pero un polÃtico debe abandonar su cargo para afrontar su situación judicial".
En la sesión plenaria se pidió a los ediles aclaraciones sobre su situación procesal, que no se obtuvieron, y se les conminó a presentar su dimisión y no acudir "a declarar al juzgado siendo concejales de esta corporación". Algo, que -como recordó la alcaldesa, Amparo Orts- "está en sus manos, dado que el acta de concejal es personal e intrasferible".
El edil de Ciudadanos, Jesús Gimeno, hizo referencia al apoyo recibido por la cúpula de su partido y aseguró que es el primer interesado en "querer declarar mañana porque mientras no lo haga mi situación sigue siendo la misma". Gimeno remarcó que "tiene la conciencia muy tranquila", pero no habló en ningún momento de dejar el acta de concejal, como tampoco lo hicieron los ediles del grupo popular incluidos en la querella de FiscalÃa por un presunto delito de estafa.
El concejal socialista Sebastián Sánchez aclaró que "no se valora la situación jurÃdica, sino la polÃtica" que requiere "la asunción de responsabilidades" porque "se han hecho muchas cosas horrorosas". Sánchez habló, entre otras cuestiones, del cierre de una empresa con más de 6 millones de deuda, de que se han llevado por delante a propietarios de terrenos, y de que se ha tenido que cerrar el CEE con 52 personas con discapacidad.
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