PSPV, Compromís, Podem y Cs responsabilizan de la mala gestión de Ciegsa al PP

El PSPV, Compromís, Podem y Ciudadanos consideran responsables políticos de la mala gestión económica de Ciegsa a todos los miembros del Consell del PP, en especial los que estuvieron en los consejos de administración de la empresa pública de 2001 a 2103, como Esteban González Pons o María José Catalá.

Así figura en la propuesta que los cuatro grupos han presentado como conclusiones de la comisión de investigación sobre la empresa creada para a construir colegios, que no cuantifica "los perjuicios ocasionados al erario público" por esa gestión y pide que la Generalitat haga "una completa auditoría financiera y de legalidad".

Estos grupos atribuyen una "singular responsabilidad directa" en la situación económica generada en Ciegsa, en las "irregularidades" contractuales y administrativas, y en la "opacidad" del funcionamiento de Ciegsa a Máximo Caturla, responsable de la empresa entre 2004 y 2007 y secretario autonómico a propuesta de González Pons.

También declaran la existencia de la "responsabilidad política in vigilando" en el exconseller Alejandro Font de Mora, conseller de Educación entre 2004 y 2011, cuando Caturla era secretario autonómico, y citan al exconseller José Císcar y al fallecido Manuel Tarancón como otros exconsellers con responsabilidad política.

Además, consideran "cooperadores directos" a los directivos de la empresa con las más altas responsabilidades en materia de contratación y dirección de proyectos en Ciegsa -Joan vergara, Elena Bosque y Carlos Roqués-, que accedieron a la empresa por "designación directa" de Caturla.

Estos grupos señalan que Ciegsa funcionó como una herramienta diseñada para "eludir" los mecanismos de control y no respetó "los más elementales principios de una buena administración", con ejemplos como ausencia de planificación, sobrecostes "de porcentajes incomprensibles", o una "burbuja de endeudamiento".

Las conclusiones indican además que Ciegsa, constituida por la Generalitat en julio del año 2000, estableció en febrero de 2011 con la Conselleria de Educación un convenio de colaboración "irregular", con una cláusula de "absoluta dejación de responsabilidades de dirección y control" de la Administración.

Los cuatro grupos afirman que si la Generalitat hubiera cumplido sus labores de control se hubiera evitado una "grave situación económico-financiera" en Ciegsa, a la que no se consignaba presupuesto y tenía que recurrir al mercado de crédito bancario, o a mecanismos de financiación estatal que superaron los 486 millones de euros.

En materia de contratación, destacan que se abusó de la excepcionalidad, con adjudicaciones directas o modificaciones de contrato, que provocaron una situación de "insostenibilidad e inestabilidad permanente", con "un importante número de obras" que presentan "desviaciones elevadísimas e injustificables".

Añaden que esos sobrecostes, que excedían los límites previstos en la ley de contratos, se extendieron también a la contratación de aulas prefabricadas, mientras que los contratos por lotes crearon una "discrecionalidad" en las adjudicaciones que investiga la justicia.

También se alude al "sobredimensionamiento" de la plantilla de personal en Ciegsa, contratado directamente sin publicidad, mérito o capacidad, y a que la empresa pública se utilizó para "cesiones irregulares" a la Conselleria de Educación, que podrían no haber prestado sus servicios en la misma.

Alfred Boix (PSPV) ha afirmado que podrían hacer una "lista interminable" de responsables, aunque la etapa "más negra" fue con Caturla, y Belén Bachero (Compromís) ha indicado que trasladarán las conclusiones al juzgado que investiga los "zombis" de Ciegsa por si puede aportar "luz".

Antonio Montiel (Compromís) ha afirmado que Ciegsa fue "un campo abonado para la corrupción" y ha explicado que por la comisión han pasado 51 comparecientes, de los que cinco se negaron a declarar.