Los socialistas de
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Los socialistas han interpretado esta actuación como una prueba más de todo el oscurantismo y las irregularidades que envuelven a Desarrollo Local de Paterna, desde su constitución hasta su disolución y del temor de la alcaldesa a coleccionar otra imputación más.
"No podemos consentir que el PP haya saqueado de nuevo las arcas públicas creando una empresa mixta que, en cuatro años de vida, no ha tenido más actividad que pagar una minuta mensual al despacho jurídico Broseta Abogados y ha ocasionado daños y perjuicios al consistorio por más de 700.000 euros", han advertido los socialistas para referirse al análisis exhaustivo que, durante estas semanas, están realizando para poder trasladar a la Fiscalía sus sospechas de irregularidad en la gestión que Lorenzo Agustí y Elena Martínez han realizado de todo este asunto.
Y es que el PSPV paternero ve en la actuación del ex alcalde y de la actual alcaldesa claros indicios de que puedan haber incurrido en los posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y basan sus sospechas en los demoledores informes de técnicos y habilitados nacionales, desde el letrado municipal y la jefa del Área de Infraestructuras hasta la Secretaria General, el Oficial Mayor o el Interventor.
A este respecto, los socialistas han recordado que, tras ser conocedor de la inactividad de DLP y ser advertido del incumplimiento contractual por parte del socio privado adjudicatario, Lorenzo Agustí no tomó ninguna medida al respecto.
Para los socialistas, esta explícita dejación en sus funciones de Agustí puede ser constitutiva de presunto delito de prevaricación administrativa, ya que ignoró totalmente su obligación, como alcalde, de velar por el cumplimiento de la legalidad y por los intereses y el dinero de los paterneros a los que representa.
Además, los altos funcionarios también advierten en sus informes de la "inexistencia de los expedientes de incumplimiento que la Asesoría Jurídica del consistorio había aconsejado al ex alcalde que iniciara contra el socio privado adjudicatario de la empresa mixta por no desembolsar el importe de las acciones y de los cánones concesionario y superficiario a los que estaba obligado como socio privado".
En opinión del PSPV, "esta parálisis de Agustí y de su sucesora Elena Martínez es un claro ejemplo de "comisión por omisión", por lo que consideran que pueden haber incurrido en un posible delito de malversación de caudales públicos al consentir que el socio privado de DLP no cumpliera sus obligaciones económicas y de actividad y, consecuentemente, el Ayuntamiento tuviera que contratar los servicios que debía prestar dicha empresa mixta.
Respecto a la actual alcaldesa de Paterna, estos mismos habilitados nacionales también señalan en sus escritos que "Elena Martínez ha actuado de manera irregular al participar en la votación de la disolución de Desarrollo Local de Paterna y elevarla a escritura pública sin tener la autorización del pleno", un permiso que, tanto el letrado municipal como la jefa de infraestructuras, le advirtieron que necesitaba.
