Puig garantiza la atención sanitaria universal en la Comunitat ante las asociaciones en defensa de la sanidad pública

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicado que el Gobierno valenciano acata la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el Decreto Ley de acceso universal a la sanidad, aunque considera que "no es justa, ni humana" y que no contempla que "ante la salud todos y todas somos iguales".

"Lo digo con total claridad, cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comunitat Valenciana, sin importar su origen o situación, va a ser atendida", ha indicado Puig.

Así se ha expresado el jefe del Consell tras mantener una reunión con la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, y con representantes de hospitales, asociaciones y entidades sanitarias que están a favor de la sanidad universal.

El encuentro se produce tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el Decreto Ley 3/2015 de la Generalitat, una de las primeras normas que aprobó el actual Ejecutivo autonómico y que regulaba el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular.

Puig ha explicado que no quieren seguir judicializando el proceso y ha avanzado que la Abogacía está estudiando cómo "reforzar" este derecho a través de instrumentos jurídicos, como un nuevo decreto o una orden la sanidad universal en la Comunitat.

En este sentido, el president ha lanzado un mensaje de "absoluta tranquilidad" a la ciudadanía, y ha insistido en que "en la Comunitat Valenciana todas y todos tienen derecho a la sanidad hoy, mañana y en el futuro".

En este contexto, Puig ha declarado que "hay fuerzas políticas que intentan cercenar los derechos de los ciudadanos y limitar la igualdad de oportunidades, pero mientras este Gobierno esté en plenas facultades, eso no va a pasar en esta comunidad".

Asimismo, ha tachado de "injustificable" que se utilice la vía judicial para defender posicionamientos políticos. "Me parece injustificable que se lance el mensaje de que cuando se está atendiendo a personas inmigrantes se produce una discriminación positiva frente a otros. No hay personas irregulares o personas ilegales, eso no existe", ha concluido.

Atención sanitaria garantizada

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, se ha expresado en la misma línea que el president, y ha insistido en que para el gobierno de la Generalitat "no hay ciudadanos de primera y de segunda", sino personas a las que van a seguir atendiendo, siguiendo la línea de lo que marca la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas y el Consejo de Europa.

Montón ha explicado que la sentencia del Tribunal Constitucional unicamente hace referencia al Decreto de Atención Universal, y que al margen quedan otros instrumentos "como la instrucción que sigue estando en vigor", que garantizan la vigencia de la atención sanitaria universal en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, ha indicado que seguirá exigiendo ante el Ministerio de Sanidad la derogación del decreto 16/2012, que a su juicio "es el principio de todo el problema". "No estaríamos en esta situación si el gobierno de Mariano Rajoy abandonara el modelo sanitario de exclusión, de discriminación y de desigualdad que aplicaron como una medida de recorte aunque nunca se ha justificado tal ahorro económico", ha dicho.

Por su parte, María José Moya, miembro del Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana (Odusalud), ha intervenido en representación del resto de participantes, y ha mostrado su rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional puesto que considera que contraviene uno de los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la salud. Además, ha mostrado su apoyo al Gobierno valenciano para garantizar el acceso universal a la sanidad.

Asistentes a la reunión

Este encuentro ha contado con la participación de miembros de la comisión mixta en defensa del derecho al acceso a la atención sanitaria universal, integrada por representantes de la Conselleria y por cerca de un centenar de organizaciones sociales y sanitarias, que fue creada en 2015 para analizar la evolución de la norma valenciana suspendida ahora por el Tribunal Constitucional.

Entre los asistentes al encuentro destaca la presencia de representantes de hospitales como La Fe, Doctor Peset, Hospital General, Hospital Clínico o Hospital Arnau de Vilanova, además de entidades como Odusalud, Amnistía Internacional o Cruz Roja, entre otras.