A la presentación del Anteproyecto de Ley de la Función Social de la Vivienda, que se encuentra en periodo de información pública, han asistido responsables de la Universitat, representantes de colegios profesionales y alcaldes de la provincia de Castelló, entre otros.
Para Torró, se trata de una Ley que tiene como objetivo hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada y dar respuesta a la demanda ciudadana al generar políticas públicas de vivienda y ampliar el parque público, así como evitar, en la medida de las competencias de la Generalitat, los desahucios de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.
La directora general ha afirmado que, con este texto legal, "vamos a conseguir un avance histórico al hacer efectivo un principio constitucional en un verdadero derecho", lo que sitúa la Comunitat Valenciana "entre las sociedades más avanzadas" . Esta nueva norma concibe la vivienda como un servicio de interés general y aproxima el derecho de la vivienda a los pilares básicos del Estado de Bienestar, tras la sanidad, la educación o la dependencia.
Torró también ha querido destacar las diferentes medidas de estímulo que se desarrollarán para movilizar el máximo número de viviendas posibles, como las ayudas públicas para el alquiler para personas y unidades familiares con ingresos bajos donde el coste no supere el 30% de los ingresos, y también ayudas para facilitar el acceso a la vivienda de varios colectivos y contra la pobreza energética, para garantizar los suministros básicos de luz, agua y gas.
Además, se fomentará el alquiler con medidas de estímulo para que los propietarios privados ofrezcan sus viviendas a personas y familias con dificultades para acceder a la oferta de vivienda (con ingresos inferiores a 4,5 IPREM). En estos casos, la Administración asegurará las viviendas frente a los riesgos que se puedan sufrir por la ocupación habitacional.
De igual manera, se promoverá el alquiler solidario. Los propietarios harán una cesión de la vivienda a la Generalitat, que dispondrá para su alquiler durante un período máximo de seis años. El propietario cobrará una renta a cambio de que su vivienda esté en condiciones y en uso, y la conselleria se encargará de realizar el estudio económico y la rehabilitación que repercutirá en el propietario.
La Generalitat ofrecerá servicios de mediación social en materia de vivienda, pobreza energética y derechos de los ciudadanos para evitar que pierdan su residencia habitual y permanente cuando atraviesan dificultades económicas.
El objetivo es movilizar el máximo número de viviendas posibles, sobre todo, del importante excedente que está en poder de las entidades financieras, a fin de dar respuesta habitacional a las personas que más lo necesitan.
