El impuesto de basuras impuesto por el gobierno de España se ha convertido en un tema de controversia nacional. A tan solo un mes desde su aprobación, los ciudadanos han comenzado a expresar su malestar ante lo que consideran una nueva carga económica que complica su economía familiar.
El impacto se está notando ya en los recibos de millones de hogares. Este nuevo coste ha hecho que muchos, que ya cuestionaban otras decisiones políticas recientes, busquen formas de expresar su rechazo. Así es como surgen iniciativas contra la Ley 7/2022, responsable de esta tasa. Aunque se presenta como una medida de sostenibilidad, ha sido recibida con gran resistencia.Antes de entrar en los detalles de la recogida de firma promovida por ciudadanos, es esencial comprender que esta tasa no tendrá una aplicación uniforme. Cada consistorio podrá decidir cómo y cuánto se cobrará, según las características específicas del municipio.
El importe variará en función del valor catastral del inmueble, el consumo de agua y el número de personas empadronadas. Esto significa que ciudades como Madrid o Sevilla no pagarán lo mismo que localidades más pequeñas como Teruel. Para muchos, este modelo es más proporcional y se adapta mejor a la diversidad de situaciones que existen en cada zona.
En los municipios donde la medida ya se aplica, la media anual ronda los 80€. Si bien puede parecer una cantidad asumible desde una óptica de responsabilidad ambiental y cuidado del planeta, para muchas familias representa un gasto extra difícil de incorporar en sus cuentas mensuales.
De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el pago de esta tasa corresponde a la persona que disfruta del servicio, es decir, el residente habitual del inmueble. De esta forma, el inquilino deberá asumir el coste, aunque no sea el propietario del inmueble.
Este punto ha generado polémica, especialmente entre quienes viven de alquiler. Mientras algunos creen que es justo que quien usa el servicio pague, otros opinan que esta responsabilidad debería recaer en el titular de la vivienda. Este desacuerdo ha generado un amplio debate en el ámbito del arrendamiento y la gestión de viviendas.
El lema "quien contamina, paga" intenta concienciar sobre el vínculo entre el comportamiento cotidiano y el deterioro ambiental. Aunque los mensajes ecológicos llevan tiempo presentes, muchas veces es la implicación económica la que provoca una reacción social efectiva.
Como ya ha ocurrido con otras medidas, cuando una norma no convence, los ciudadanos se movilizan. La recogida de firma es la herramienta que están utilizando muchos para mostrar su rechazo de forma legal, coordinada y pacífica, creando un frente común ante una medida que consideran desigual.
En Madrid, ciudad donde los primeros recibos están previstos para julio de 2025, la recogida de firma se ha lanzado a través de Charge.org. El objetivo de esta iniciativa es denunciar la falta de equidad entre territorios y solicitar una revisión de la norma. Se trata de una acción para defender a las familias con menos capacidad económica.
Mientras tanto, ciudades como Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga aún no están sometidas a esta tasa. Aunque esto puede cambiar en el futuro, por ahora están fuera de la normativa. Este hecho deja claro que el impuesto no se ha implementado de manera uniforme y que existe margen para el diálogo y la modificación.
