José Luis Chover. EPDAEstos días el Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación de un Anteproyecto de ley "para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local", que pone en jaque los fundamentos del municipalismo y con él, la base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años. Gobernar desde la cercanía y la proximidad, ha sido la seña de identidad que ha facilitado la profunda transformación y modernización de España. Ahora, con esta reforma, promueven el alejamiento de las decisiones y los ciudadanos podrán ver como su pueblo es gobernado desde un despacho en la capital de provincia, como en época predemocrática.
Desde el municipalismo somos conscientes de la necesidad de aplicar el rigor, la eficiencia y la transparencia en la administración de los recursos, y hemos venido reclamando una reforma de las leyes y de la financiación local que permitiera a los ayuntamientos ejercer sus responsabilidades con competencias bien definidas y financiación suficiente. Pero ese no es el objetivo de la reforma del PP. Esta reforma pretende privatizar y desmantelar servicios públicos que se prestan actualmente, anteponiendo la rentabilidad económica a la rentabilidad social, y tutelar e intervenir la autonomía local, concentrando la gestión de los pequeños ayuntamientos en las diputaciones.
Y es que el fin último es hacer de los servicios públicos un negocio. Nuestros gobiernos locales van a salir a concurso público en virtud de criterios económicos que serán fijados seguramente con escasa o nula sensibilidad social. Especialmente afectados están los 6.796 municipios de menos de 5.000 habitantes (el 83,74% del total) que podrán ser intervenidos directamente por las diputaciones sino cumplen el principio de estabilidad presupuestaria. Y a los de menos de 20.000 les podrán ser retiradas las competencias de aquellos servicios en los que no cumplan los estándares fijados.
Por su parte, los municipios mayores de 20.000 habitantes también pueden sufrir un importante desmantelamiento de los servicios que prestan actualmente, al establecer que las empresas públicas y organismos municipales con déficit deben sanearse o disolverse. Y nos preguntamos, ¿cómo van a sanear, por ejemplo, el déficit de las empresas de transporte público?, ¿suprimiendo líneas no rentables, despidiendo trabajadores o subiendo las tarifas a precios inasequibles?
Gobierno de Rajoy
Para enmascarar la intención de su reforma, el gobierno de Rajoy ha introducido un falso debate sobre el número de concejales con dedicación exclusiva y los sueldos, cuando en este momento el 85% de los concejales no tienen sueldo. Tampoco han dudado en culpar a los ayuntamientos de la deuda y el déficit de España. Afirmación ésta, que no resiste el más básico análisis de los datos, porque de la deuda total de las administraciones solo el 4,1% corresponde a los ayuntamientos y esa deuda se concentra casi con exclusividad en los grandes municipios. En el Ayuntamiento de Madrid la herencia de Gallardón (ese gran gestor) supera los 7.000 millones de euros y representa el 25% de la deuda de todos los consistorios de España. La reforma planea intervenir a los pequeños municipios pero permite que Madrid siga despilfarrando dinero público. El sistema de ahorro que plantea el gobierno nada tiene que ver con la eficacia ni con la mejor gestión. Tiene que ver, sencillamente, con suprimir servicios.
El trámite parlamentario está en sus inicios pero todo parece decidido. En todos los ámbitos en los que tenemos representación pediremos la retirada del anteproyecto porque para nosotros la economía de escala no puede servir de justificación para eliminar competencias y servicios, como plantea Montoro. La igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, debe primar en cualquier reforma que se proponga.
