"Repsol llevará a cabo todas lasmedidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas."
Esa declaración de intenciones, cuya sinceridad es de agradecer, aparece en la página oficial de Repsol, en respuesta a la decisión del Gobierno argentino de expropiar Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), empresa que, como es conocido, pertenecía al Estado argentino y fue adquirida por Repsol. En realidad, dicha declaración no supone ninguna novedad, pero debe ser comparada con la forma en la que el Gobierno español, y organizaciones de ideología afín, han respondido ante el hecho en cuestión. La postura que se ha adoptado oficialmente, parece dar a entender que cualquier perjuicio que sufra Repsol, lo sufre también el Estado español o, peor aún, el pueblo español. Por el contrario, lo evidente, que parece no serlo para el Gobierno, es que Repsol es una entidad privada que busca proteger sus activos y a sus accionistas, tal y como aparece en el comunicado. Entre sus planes no está el enriquecimiento de ningún pueblo, ni tampoco sus acciones revierten utilidad pública alguna, más allá de las prestaciones de sus servicios, que, por cierto, cobra a buen precio.
Entonces, ¿por qué se proyecta este hecho como una agresión de carácter nacional? Cuando, lo que ha ocurrido, sencillamente, es que Repsol ha sufrido la expropiación (forzosa) de una empresa, sobre la cual tenía el 51% de las acciones. Una expropiación de estas características, se lleva a cabo cuando los organismos del país entienden que el objeto (de expropiación) debe pasar a manos del Estado, porque se prevé un beneficio público que justifica esa acción. El propio Estado español ha ejecutado multitud de expropiaciones sin mayor problema. Sin embargo, en esos casos, mayoritariamente, se trataba de viviendas de particulares, los cuales eran obligados a abandonar sus hogares porque se decidió que era de interés general, construir ahí un complejo de urbanizaciones con campos de golf para gente adinerada.
El drama humano que hay detrás de esas expropiaciones, no son óbice para que se desaten los infiernos cuando la damnificada es una empresa privada. Esta escala de valores, de la que hace gala el Estado español, viene a demostrar que las prioridades del mismo no dejan lugar a dudas. Frente a ello, el Gobierno argentino decide recuperar la propiedad de YPF, por la sencilla razón de que desean explotar sus propios recursos. Es esa atrevida acción la que ha despertado las hostilidades del Gobierno español, el cual entiende sensato que una empresa extranjera expolie los recursos naturales de un país, pero le parece una agresión que ese país trate de recuperar la propiedad de lo que hay en su territorio.
Llegados a este punto, conviene recordar lo que es la soberanía para el Derecho Internacional. Este principio pertenece a los Estados, e implica, en su dimensión interna, que éstos pueden gobernar en sus territorios, sin recibir injerencias de otros Estados, porque todos ellos son considerados iguales para el Derecho Internacional. Este elemento parece respetarse, siempre y cuando, las acciones de los Estados no choquen contra los poderes económicos, ya que entonces aparecerán injerencias de todo tipo, ya sean simplemente intimidatorias, o incluso en formas de golpes de Estado. En este sentido, las injerencias periodísticas también están a la orden del día. No se debe olvidar, tampoco, que las empresas de comunicación tienen intereses económicos, a veces, repartidos en varios países, y cuando éstos peligran, no dudarán en tratar de desacreditar a cuantos gobiernos hagan falta. Ahora le toca a Argentina.
De esta manera, los tertulianos, a sueldo de la causa privada, han llegado a esgrimir nuevos argumentos, porque se ha percibido que es difícil sustentar la idea que la nacionalización de YPF supone un ataque contra España. Por lo tanto, ahora se arguye que los accionistas de Repsol pueden ser ciudadanos españoles y, por tanto, sus derechos deben ser protegidos por el Estado. ¿Cuáles derechos? ¿El de recibir dividendos de la empresa? Ello, en todo caso, debería asegurarlo Repsol. En lo que concierne a otros derechos dignos de pública protección, como el derecho de propiedad, resulta que no puede verse menoscabado en este caso. No puede verse menoscabado, porque estas personas no son propietarios, son socios cuyo objetivo no es gozar del derecho de propiedad, sino el de participar en el reparto de dividendos, lo que debe ser asegurado por la empresa, de no ser así, es ésta la que tendrá que responder ante ellos en Junta de Accionistas. Esos aspectos, en cualquier caso, quedan bajo el amparo del Derecho privado especial.
Asimismo, las multinacionales, como Repsol, no son sujetos de Derecho Internacional. Las relaciones internacionales se asientan sobre dichos sujetos, los cuales crean, mediante sus acciones, el propio Derecho Internacional, y son, además, los entes sobre los que recaen los derechos y las obligaciones. De este modo, Repsol, que es una persona jurídica, no posee derechos reconocibles en este sentido. Por ese motivo, debe limitarse al ordenamiento privado interno, pudiendo recurrir únicamente a algún tipo de arbitraje internacional cuando pudieran existir conflictos como el actual. Pero insisto, no se le considera sujeto de Derecho en las relaciones internacionales, y por ello si Argentina ha actuado conforme a sus propias leyes, la expropiación es absolutamente legal, y ningún otro país tiene derecho a inmiscuirse, ya que ello supondría atentar contra la soberanía del Estado argentino. En cualquier caso, el respeto al Derecho Internacional se usa a conveniencia, rebajándolo a un aspecto puramente retórico, cuando los intereses económicos, de los que más tienen, pueden verse afectados.
