Barranc de les Monges. EPDAEl Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha hecho efectivo ya el pago de 1'3 millones de euros a varios propietarios de una misma familia de unos terrenos ubicados en el denominado Barranc de les Monges de la localidad que también se ocupó en su momento y que, hasta ahora, tampoco habÃan ingresado a pesar de las promesas que en su momento recibieron de las autoridades municipales.
Los hechos relatados tienen su origen hacia el año 2004 cuando el equipo de gobierno de aquel momento, compuesto por el Partido Popular, ocupó unos terrenos de 2.139 metros cuadrados ubicados en el citado barranco que cruza de este a oeste el mismo casco urbano de Riba-roja de Túria a cambio de recibir, en contraprestación, unos terrenos en otra área de término municipal o una indemnización económica.
Sin embargo, las familias propietarias de los terrenos del conocido Barranc de les Monges no recibieron ningún tipo de contraprestación como se habÃa comprometido públicamente el equipo de gobierno del PP de Riba-roja de Túria con las propias familias, de forma que los dueños de estos terrenos decidieron reclamar en las instancias judiciales la ejecución del citado compromiso adquirido.
En esta ocasión, la cantidad abonada estos últimos dÃas por las arcas municipales corresponde a la indemnización fijada por una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con fecha 8 de marzo de 2019, en la que se estima parcialmente el recurso interpuesto por los hermanos de una misma familia propietaria de los terrenos.
Esta familia habÃa recurrido una resolución de septiembre de 2014 del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia en la que se fijaba un justiprecio por los terrenos afectados por la ocupación por parte del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en un total de 240.688 euros, expropiada por ley, y, por tanto, se anulaba la misma y se dejaba sin efecto el justiprecio inicial.
De esta forma, el fallo del TSJCV fijaba el pago de 1.150.277 euros en total a los cinco hermanos propietarios de los 2.139 metros cuadrados situados en el Barranc de les Monges para su encauzamiento proyectado por el equipo de gobierno del Partido Popular en aquel momento. Por todo ello, el fallo de marzo de 2019 obligaba al consistorio a abonar la citada cantidad económica más los intereses correspondientes.
A la vista de la situación, la instancia judicial pertinente incoó una diligencia de ordenación al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en la que se ordenaba la ejecución de la citada sentencia judicial y que la misma se llevase a término en el plazo máximo de dos meses en cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo objeto de la ocupación del Barranc de les Monges.
El actual ordenamiento urbanÃstico del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria califica que los 1.631 metros cuadrados sobre los 2.139 metros en total como área dotacional de equipamientos mientras que los restantes 507 metros cuadrados del Barranc de les Monges tienen la calificación como zona verde, lo que se ha tenido en cuenta por parte de los juzgados a la hora de fijar la cuantÃa.
Para llevar a cabo el proceso de abono de la cantidad fijada por la sentencia del TSJCV se rubricó un convenio entre el propio Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y los cinco hermanos de una misma familia propietarios de los terrenos de 2.139 metros cuadrados. Para ello, se fijó en 1.349.320 euros en total la cantidad, resultante de los 1.150.277 euros de la indemnización y los 199.044 en concepto total de intereses.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha lamentado que esta cantidad abonada ya a la familia "supone un nuevo varapalo para las arcas municipales en una coyuntura económica muy condicionada por la situación vivida en los últimos meses a raÃz del Estado de Alarma por la Covid-19 ya que ese 1'3 millones de euros no se podrán destinar a financiar los proyectos y programas que hacen falta en estos momentos; la herencia de la mala gestión que realizó el Partido Popular continúa coadyuvando a las arcas municipales, sin olvidar el riesgo de 42 millones de euros que se cierne sobre el ayuntamiento con sentencias y fallos judiciales".
