El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja
de Túria -formado por el PSPV, CompromÃs y Esquerra Unida- ha denunciado que el
anterior ejecutivo del Partido Popular dejó sin presentar en el pleno municipal
las cuentas económicas generales entre los años 2000 y 2013, tal y como establece
la actual ley reguladora de las haciendas locales.
El
ejecutivo local ha asegurado que entre los citados años no se presentaron las
cuentas generales en el pleno municipal como se hace habitualmente para dar
cuenta al máximo órgano de representación popular. En este documento se incluye
un análisis pormenorizado de la situación económica de la localidad, con el
estado detallado del patrimonio, los bienes y derechos del consistorio, los
préstamos, las deudas y la financiación de sus servicios.
Las
cuentas generales también ofrecen datos e información sobre los gastos, los
recursos y la gestión que se ha llevado a cabo en el presupuesto económico
anual, asà como las pérdidas y los beneficios obtenidos. Por tanto, las cuentas
generales son el instrumento que el equipo de gobierno se encarga de llevar al
pleno municipal para su debate y estudio entre todas las formaciones polÃticas.
Sin
embargo, el anterior gobierno del Partido Popular no presentó al preceptivo
pleno municipal estas cuentas imprescindibles sobre la situación económica de
una entidad local. Por este motivo, el actual gobierno ha presentado un escrito
a la SÃndic de Comptes sobre esta circunstancia con el objetivo de solucionar y
regularizar estas anomalÃas con las que se encontró el ejecutivo local cuando
accedió al poder tras las últimas elecciones municipales.
De
hecho, el SÃndic de Comptes ha abierto una investigación sobre la gestión que
llevó a cabo el anterior gobierno del PP en relación al presupuesto de 21'2
millones de euros correspondiente al año 2014 con la finalidad de fiscalizar la
actividad económico-financiera y la cuenta general, con especial atención a la
polÃtica de personal, los bienes de titularidad municipal, los contratos
menores públicos sobre obras municipales y las contrataciones negociadas sin
publicidad.
El
SÃndic también ha solicitado información adicional de otros ejercicios como los
expedientes de los presupuestos de los años 2015 y 2016, las dos anualidades
siguientes a la del ejercicio investigado, como son los anexos de inversiones
públicas, las retribuciones de los empleados públicos sobre los tres
presupuestos y el detalle de todas las partidas de ingresos y gastos llevadas a
cabo a lo largo de los citados ejercicios, además de informes memorias y
resoluciones.
El
alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha manifestado que las carencias en materia
económica "halladas en el
ayuntamiento son el fiel reflejo de la gestión deficiente que ha llevado a cabo
el Partido Popular a lo largo de los últimos 20 años en el ayuntamiento, ya que
son múltiples las anomalÃas y los problemas que hemos tenido que solventar
desde que accedimos al gobierno municipal".
Raga ha
subrayado "la especial colaboración
que estamos dispensando al SÃndic de Comptes para que las cuentas económicas
del Ayuntamiento de Riba-roja sean un ejemplo del buen trabajo que una
administración pública local debe realizar ya que se trata de la gestión del
dinero y de los recursos de todos los ciudadanos de nuestra localidad".
No
obstante, el equipo de gobierno ha alertado de los riesgos económicos que corre
el Ayuntamiento de Riba-roja a medio y largo plazo por las posibles sentencias
judiciales y las reclamaciones por parte de los propietarios por valor de hasta
36 millones de euros a razón de 14 millones por juicios y litigios de
expropiaciones de suelo que el ex alcalde Francisco Tarazona y la actual
portavoz del PP MarÃa José Ruiz no pagaron a sus dueños y que ahora están
saliendo a la luz pública.
En esta
situación se halla el caso de la hija del ex alcalde, la comunidad de regantes
o una empresa inmobiliaria que podrán cobrar por la ocupación de terrenos para
construir dos pozos de agua. No hay que olvidar el riesgo de los 22 millones de
euros por las expropiaciones derivadas del PAI de Porxinos anulado por el
Tribunal Supremo.