El Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria ha pagado ya los 3'4 millones de euros a unos
vecinos de la localidad como consecuencia de una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano por la ocupación de
unos terrenos por parte del consistorio en los años 70 para
destinarlos como futura zona verde y que en su momento fueron
valorados en 879.000 euros después de rechazar una expropiación que
habría rebajado considerablemente la cantidad pagada finalmente.
Los hechos surgidos
a raíz de esta sentencia arrancan en julio de 2010 cuando la familia
propietaria solicitó al ayuntamiento –entonces gobernado por el
PP- un expediente de justiprecio sobre las parcelas para llegar a un
acuerdo amistoso entre ambas partes sobre el valor de las mismas pero
transcurrieron 6 meses de silencio sin que el equipo de gobierno se
pronunciase al respecto.
Acto seguido, los
reclamantes presentaron una hoja de aprecio al Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria por un montante de 6'7 millones de euros y cuya
solicitud fue rechazada por el pleno municipal con la mayoría
absoluta del Partido Popular, tanto la cantidad reclamada como la
expropiación de las parcelas de 58.000 metros cuadrados ubicada en
la urbanización de Montealcedo.
La expropiación de los terrenos, que
habrían rebajado la cantidad pagada, estaba amparada en la ley
urbanística valenciana del año 2005 –impulsada y aprobada por la
Generalitat de Camps- y habría supuesto un ahorro económico notable
a las arcas municipales de entre 2 y 3 millones de euros.
El fallo de la
sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ
estima, de esta forma, el recurso de las familias propietarias de los
terrenos aunque los 6'7 millones de euros solicitados por la
familiar demandante han quedado reducidos, finalmente, a los
referidos 3'4 millones a los que caben añadir otros 860.000
euros en concepto de intereses.
Una parte de los citados terrenos
estaban calificados como sistema general mientras que la otra área
restante estaba considerada como "dotacional de carácter local"
en el que nunca se llegó a concretar ningún tipo de acuerdo entre
los propietarios y los herederos del suelo y el propio Ayuntamiento
de Riba-roja de Túria que habría evitado llegar hasta las
instancias judiciales.
El fallo subraya
tajante que "las razones o chapuzas que se hicieron en los años
70 no interesan en este momento, el hecho cierto es que han quedado
dos bolsas de suelo urbano que ni se han expropiado ni han sido
adscritas a ningún plan parcial o urbanización, cierto que es una
anomalía pero la responsable no es la solicitante de la
expropiación; no se debió permitir la ejecución de las
urbanizaciones sin incluir la zona verde que se debió obtener
asignando aprovechamiento a los propietarios o mediante expropiación
cargo a los propietarios de la urbanización".
Para hacer frente al
citado pago, el Ayuntamiento de Riba-roja abonó en diciembre de 2015
un total de 879.000 euros a cuenta de la suma total –a través de
otra resolución judicial- y ahora en el año 2019 ha terminado de
pagar los restantes 2'5 millones de euros que aumentarán en otros
860.000 euros en intereses.
El equipo de
gobierno de Riba-roja de Túria ha subrayado "el esfuerzo que ha
tenido que realizar el ayuntamiento con este pleito urbanístico por
culpa del gobierno del Partido Popular que se negó en redondo a
negociar y entablar un diálogo con los propietarios con total
empecinamiento ya que pensaban que el juzgado les daría la razón y,
sin embargo, ahora se ha pagado una suma enorme que se podría haber
destinado a obras y servicios esenciales para nuestros ciudadanos".