Rus y Tarazona inaugurando el campo de Fútbol.--EPDAEl equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, CompromÃs y Esquerra Unida- ha abierto una investigación para estudiar posibles sobrecostes e irregularidades en las ayudas que concedió la Diputación de Valencia al consistorio para la instalación de bombillas leds o la construcción de campos de fútbol de césped artificial o pistas de pádel a raÃz de la denominada operación judicial Taula que culminó el pasado martes con la detención del ex presidente de la entidad provincial, Alfonso Rus, junto a otros dirigentes del Partido Popular.
El ejecutivo local de Riba-roja sospecha que en los citados proyectos y programas se podrÃan haber producido, presuntamente, sobrecostes en la ejecución de los mismos, además de posibles irregularidades en el proceso burocrático de adjudicación a las empresas encargadas de llevarlos a cabo, en las que predominó la utilización de procedimientos negociados sin publicidad para adjudicarlas a los amigos.
El actual equipo de gobierno recuerda las connivencias polÃticas entre el entonces alcalde de Riba-roja, Franscisco Tarazona, del PP, y el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, ya que el primero de ellos ocupaban, además, el cargo de diputado provincial encargado de gestionar el consorcio de bomberos. Además, la actual portavoz del PP, MarÃa José Ruiz, formaba parte de aquel ejecutivo en el que gestionabas las áreas de Urbanizaciones y Educación.
AsÃ, destacan la construcción en el año 2011 de dos pistas de pádel en el polideportivo municipal de Riba-roja de Túria por un montante global de 62.546 euros en total, una cifra que según algunas primeras estimaciones podrÃan ser superiores a los costes económicos que se generarÃan en el mercado en pistas de semejantes tamaños y caracterÃsticas fÃsicas parecidas.
El gobierno de Riba-roja de Túria considera que el precio pagado por ambas pistas "es excesivo" ya que en el mercado el gasto global oscilarÃa entre los 15.000 y los 17.000 euros, sin embargo, con el ayuntamiento y la diputación gastaron exactamente el doble por hacer las mismas obras.
Además, también se construyeron otros dos campos de césped artificial en el municipio. Uno de ellos por 224.000 euros en la urbanización de la Reva durante el año 2011 y con una financiación de la diputación en un 50% sobre el total. El otro campo de césped se plasmó en el año 2015 en el actual estadio denominado Roberto Gil, por un precio que ronda los 300.000 euros, de los cuales el ayuntamiento aportó 50.000 mientras que el resto corrió a cargo de la entidad provincial. En total, el coste total de ambos campos de fútbol superó con creces los 470.000 euros.
Sin embargo, la instalación de bombillas leds, a través de la central de compras de la diputación, fue el proyecto estrella durante la pasado legislatura hasta el punto que se sustituyeron en muchos edificios públicos con un coste económico superior al millón de euros. Entre las ubicaciones elegidas cabe destacar la casa de cultura, el auditorio, el centro social o el mismo edificio consistorial en el mismo casco urbano y en otras zonas como polÃgonos industriales o en urbanizaciones de la zona norte y en las áreas residenciales de Valencia la Vella y Els Pous.
Cabe destacar que durante el periodo en el que se ejecutaron los tres proyectos objeto de la polémica judicial el alcalde fue Francisco Tarazona, a la sazón diputado provincial de bomberos, quien se retiró de la lista electoral del Partido Popular en los comicios de mayo de 2015 en los obtuvo la mayorÃa simple en lugar de la absoluta.
El concejal de personal, nuevas tecnologÃas y comunicación, José Luis López, ha subrayado la necesidad de que la investigación municipal sobre estos contratos públicos "sirva para analizar de forma exhaustiva todos los vericuetos administrativos surgidos alrededor de los mismos ya que siempre ha planeado sospechas e interrogantes sobre el proceso de adjudicación y el precio de las mismas, por ello es necesario que se lleve a cabo ahora un estudio pormenorizado ya que se trata de miles de euros que deben ser fiscalizados y analizados".
López ha añadido que las administraciones públicas "deben velar por el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de adjudicación de contratos, con la libre concurrencia de empresas que permita ajustar los precios y los costes económicos al mismo tiempo que se garantiza eliminar cualquier atisbo de posibles irregularidades o favoritismo hacia algunas de las ofertas planteadas".
