Rubio defiende la labor de sus asesoras en Imelsa y dice que ya había otras antes

El exdirigente socialista y ex subdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio ha asegurado este martes ante el juez que mientras ocupó el cargo de consejero en la empresa pública Imelsa (2007-2011) jamás pidió que se contratase a dos asesoras personales, que estos puestos de trabajo existían antes de su llegada a la empresa, y que las mujeres que eligió realizaron únicamente labores relacionadas con esta entidad.

Así, ha explicado que desde la gerencia de Imelsa se le ofreció la posibilidad de mantener a los asesores que había antes o de nombrar otros diferentes, y que él eligió cambiarlos.

Rubio, para quien el fiscal reclama una condena de 6 años de prisión, ha declarado como investigado este martes en la sexta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por la pieza del caso Imelsa, que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa (provincial) y Ciegsa (autonómica). 

"Los consejeros del PP tenían 4 asesores, el PSPV dos e IU uno", ha explicado Rafa Rubio, quien ha relatado que en 2010, de nuevo desde la gerencia de Imelsa, se le informó de que había que renovar a los asesores debido a un cambio de la legislación laboral, para evitar que pasasen a ser fijos.

"Me costó encontrar a gente porque el contrato era de solo cuatro meses, y yo ya no volvía a ir en las listas del PSPV al Ayuntamiento de València porque me iba a Les Corts. A través de una conocida contacté con Carolina de Miguel, socióloga, y fue una sorpresa ver que había trabajado para el PSOE de Madrid".

Rubio ha asegurado al fiscal que esta mujer le pasaba "notas", y no "informes", sobre cuestiones que él le pedía, tales como información sobre la brecha de género en las brigadas forestales o la situación de las instalaciones deportivas en los pueblos de la provincia, "todo cuestiones relacionadas con Imelsa", ha subrayado, "porque en la Diputación ya había asesores de grupo socialista".

Preguntado por el fiscal por si conserva esas notas, Rubio ha respondido que no, que cuando dejó la Diputación pasó un dossier a sus sucesores y que "lo tirarían a la basura", al tiempo que ha llamado la atención sobre el hecho de que le llamaron a declarar "cinco años después de dejar la Diputación".

Sobre la otra supuesta "enchufada" a su cargo, Teresa Gimeno, Rubio ha advertido al tribunal que "no es la persona que ustedes han visto estos días" -que hoy ha sufrido un desmayo-, sino que "tenía 61 años y la cabeza bien amueblada", a diferencia de la actualidad, puesto que sufre una "enfermedad cognitiva".

"La contraté para tareas administrativas, de teléfono, sobre todo por las tardes, también recopilaba información de los diarios digitales...".

Interrogado de nuevo por el fiscal sobre si considera que eso era una labor de asesoría, Rubio ha afirmado que "unos dirán que sí, otros que no...".

Por último, a preguntas de su abogada, ha insistido en que él no redactó nada del contrato de las supuestas empleadas "zombis" de Imelsa, ni tampoco tuvo capacidad de decidir sobre las condiciones económicas. "En Imelsa había un responsable jurídico, un interventor y un secretario, que jamás pusieron el más mínimo reparo", ha concluido.

Antes que Rubio ha declarado el que fue alcalde (PP) de Beniarjó entre 1995 y 2015 y diputado provincial, Salvador Enguix, para quien el fiscal reclama la misma condena que a Rubio por la contratación de personal que supuestamente no acudía a trabajar a Imelsa.

Preguntado por un supuesto certificado firmado por él mismo en el que supuestamente certificaba el trabajo de uno de estos empleados "zombis", Enguix ha afirmado que "parece ser que sí que lo firmé", puesto que no ha negado que la firma fuese la suya, aunque ha admitido que posiblemente "lo hizo sin leer, con prisa".

"No soy consciente de haber firmado eso. Jamás he solicitado la contratación de nadie, ni sabía siquiera que como consejero de Imelsa tuviese derecho a un asesor", ha afirmado este acusado, quien ha negado conocer de nada a Eva Sarrión, la persona cuyo trabajo en Imelsa supuestamente certificó.

Otro de los supuestos empleados ficticios de Imelsa, Juan Antonio Sanz, ha declarado que el entonces gerente de esta empresa pública, Marcos Benavent, y el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, le ofrecieron el puesto de responsable de redes sociales de ambas entidades en el transcurso de un almuerzo.

Preguntado por el fiscal por la prueba de su trabajo, por si conserva las publicaciones que realizó en las redes sociales, este procesado ha asegurado que acudió al gabinete jurídico de Imelsa cuando se supo investigado, para ver si podía recuperarlas, pero que "o no supieron o no quisieron hacerlo" y que básicamente le dijeron que "se apañara".

La última de las investigadas en declarar ha sido Clara Sáez, procesada como supuesta trabajadora ficticia de la empresa pública Ciegsa -dedicada a la construcción de centros educativos y dependiente de la Conselleria de Educación-.

A preguntas del fiscal, Sáez ha explicado que entró como becaria en el gabinete de prensa de la Conselleria de Cultura en 1998 y que tras renovar en sucesivas ocasiones y con diferentes fórmulas laborales, ha venido realizando la misma labor de prensa para diferentes departamentos de la Conselleria.

"En 2004 me dijeron que iba a pasar a depender de Ciegsa, así que firmé un nuevo contrato. No me sorprendió porque realmente ya hacía cosas para Ciegsa, porque toda la labor de comunicación estaba centralizada en la Conselleria de Educación y mi puesto de trabajo estaba allí. No supe que mi contrato era de alta dirección hasta que lo repasé para esta causa judicial. Realmente seguí cobrando lo mismo y haciendo el mismo trabajo".

A preguntas de su abogada, esta investigada ha subrayado que trabajaba en la Conselleria de Educación antes de la llegada de Máximo Caturla -investigado en esta misma causa- a la secretaría autonómica de Educación y siguió después.