El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, en una imagen de archivo. EFE- Manuel Bruque
El expresidente de la Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus se sentará por segunda vez en el banquillo de los acusados por el caso Imelsa a partir del próximo martes, cuando la Sección Quinta de la Audiencia Provincial inicie el tercero de los juicios por esta macrocausa de corrupción.
Rus espera sentencia por otra de las piezas del caso Imelsa, la supuesta contratación ilícita de personal que no acudía a sus puestos de trabajo en la empresa pública provincial Imelsa, que quedó vista para sentencia el pasado mes de marzo.
En este nuevo juicio, que se prevé que se prolongue hasta el 9 de junio, se analizará el papel de Rus -que también fue alcalde de Xàtiva y presidente provincial del PP- y otros siete investigados en el marco de la pieza separada D del "caso Imelsa", relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de atención telefónica.
Se juzgarán delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
La Fiscalía reclama penas de prisión de 8 años para Alfonso Rus, 4 años y medio para Marcos Benavent, 13 años para su exsuegro, Mariano López, y otro empresario que actuó como administrador de Servimun, la firma adjudicataria, y 6 para un funcionario de la Diputación que supuestamente colaboró en el amaño.
Junto a Rus, el instructor dirige el procedimiento contra el que fuera gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent -el autodenominado "yonqui del dinero"-, su exsuegro -que fue adjudicatario del servicio de asistencia telefónica-, dos funcionarios de la Diputación, otro empresario y dos familiares.
Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia y actualmente denominada Divalterra, adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.
De acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato.
El juez considera que pudo existir "un propósito deliberado de adjudicar un contrato para la prestación del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano, con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de desviar y malgastar los recursos públicos".
Subrayó también el instructor la "relación de vecindad y amistad" entre uno de los funcionarios encausados, Salvador D.I., y el empresario José Mariano L.S., que era a su vez el exsuegro de Marcos Benavent y tenía un "conocimiento estrecho" de Alfonso Rus.
José Mariano L.S. percibió unos 150.000 euros de Servimun SL a través de una sociedad mercantil, Técnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cuñada.
El juez consideró "evidente" que si el administrador de Servimun SL, Fernando José P.Z., pagó tal cantidad al anterior es porque éste "algún favor le debía" en relación con el contrato, "muy probablemente por actuar de conseguidor" ante el entonces presidente de la Diputación o Salvador D.I.
